Rafael Bengoa, director del estudio, profesor de ESADE y consultor del Banco Mundial y de la OMS, explicó hoy en Madrid que para evitar las desiualdades sanitarias entre las comunidades proponen sustituir el reparto capitativo del presupuesto sanitario, por otro que tenga en cuenta, además de criterios poblacionales, el envejecimiento de su población, sus patrones de enfermedad, los costes de los servicios y la intensidad en su uso.

A juicio de estos expertos, que han realizado también una evaluación del sistema, las comunidades autónomas más perjudicadas con el reparto actual son Castilla y León, Galicia o Extremadura; mientras que Navarra yel País Vasco son las más beneficiadas.

Respecto a la posibilidad de establecer medidas de participación del ciudadano en el pago de los servicios sanitarios, este grupo de expertos médicos y economistas no lo descartan "siempre que vaya acompañado de las otras medidas ya apuntadas", dijo Bengoa.

El estudio se ocupa de la calidad del servicio que ofrecen los centros sanitarios y de la participación más activa del ciudadano. Entre otras medidas, propone la conveniencia de hacer públicos los resultdos clínicos de los hospitales, a los que se les otorgaría una calificación a modo de estrellas de excelencia y que permitiría al ciudadano conocer qué posibilidades teóricas de curación tiene en cada centro.

UNIFICACION DE CRITERIOS

A juicio del grupo de trabajo de ESABE, también sería recomendable la introducción de protocolos o guías de actuación clínica para cada una de las enfermedades, que en España han comenzado a utilizarse hace poco tiempo, "aunque debe ser un movimiento generado por los prpios profesionales", apuntó el doctor Bengoa.

Incluso recomiendan la creación de un centro que facilite al usuario información sobre los resultados clínicos de cada centro y amplie la información que sobre su patología le haya dado el médico que le atiende.

Por otro lado, Rafael Bengoa reconoció que es difícil establecer prioridades en los servicios que ofrece la Sanidad pública, "incluso el catálogo de prestaciones que se realizó en España hace dos años ha quedado ya anticuado. Por ello, son paridarios de crear entes de contratación "que de forma dinámica" decidan qué se da a los ciudadanos.