En la reunión de la Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial, Pagés explicó que el sistema español de farmacia está avalado por el elevado nivel de protección de la salud pública que ofrece.

En concreto, el texto alude al vínculo especial entre las autoridades sanitarias y el colectivo de farmacéuticos, al nivel de cobertura de las oficinas de farmacia y a la "excelente calidad" del servicio prestado.

Asimismo, el informe considera que la Comisión no acredita que la norma española vulnere el derecho comunitario en aspectos relacionados con el régimen de planificación territorial y el régimen de propiedad y acumulación de farmacias.

En este último aspecto, el documento mantiene que la legislación española respeta plenamente el derecho de los profesionales de otros Estados miembros a establecerse en España en las mismas condiciones que los españoles.

La normativa española reguladora de las oficinas de farmacia define a las farmacias como "establecimientos sanitarios privados de interés público sujetos a la planificación sanitaria" y establece una relación especial entre el Estado y los farmacéuticos, de manera que la prestación farmacéutica garantice el acceso de la población a los medicamentos y a los servicios profesionales del farmacéutico.