En su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, la ministra aclaró que la agencia estará al servicio del Gobierno y de las CCAA, que asumirán su dirección, y que sus trabajos contribuirán a tener una visión global de todo el Sistema.

Villalobos se comprometió a llevar al Parlamento durante el mes de marzo est proyecto de ley, que tiene como objetivo vertebrar la Sanidad pública tras el traspaso definitivo del Insalud, para lo cual se elaborará un catálogo de prestaciones mínimas que las CCAA están obligadas a proveer a todos los ciudadanos.

La normativa reservará a la Administración central la potestad de asegurar en todo el Estado el derecho a acceder en condiciones de igualdad a los servicios sanitarios, de crear bases de datos unificados, de reforzar la coodinación en materia de Salud Pública, y de gesionar el Fondo de Cohesión.

Al margen de estos principios, la norma fortalecerá y modificará la composión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, desarrollará las competencias de Alta Inspección para garantizar la calidad de estas prestaciones, y hará del Instituto de Salud Carlos III un proveedor y asesor en materia de información y formación sanitaria.

MIEDOS AUTONOMICOS

Todos los grupos parlamentarios, salvo el popular, expresaron sus sospechas de que la normativa que preara Sanidad invada o limite las competencias de las CCAA en esta materia, hecho que negó tajantemente la ministra, que se comprometió a negociar el texto con el resto de administraciones.

La postura más crítica fue la de la diputada vasca Margarita Uría, que se mostró partidaria de que la coordinación se realice por la propia praxis diaria y la voluntad de las partes, nunca por una ampliación de competencias del ministerio, "porque sería un ejemplo de regresión autonómica de la que hace gala el PP dese que tiene mayoría absoluta.

Por parte del Grupo Socialista, Consuelo Rumí señaló que la comparecencia llega tarde, y apuntó tres de las principales carencias del borrador, que no incluye nuevos derechos para los ciudadanos, que no fortalece el carácter público del Sistema, y que no cree que el Estado de las autonomías.