Este real decreto, que sustituye al anterior del año 2003, contempla los avances y mejoras técnicas, nuevas medidas de gestión del riesgo e innovaciones necesarias "para un mayor control de las instalaciones o equipos susceptibles de convertirse en focos de exposición humana a la bacteria", según un comunicado del Ministerio de Sanidad.

Como consecuencia, se “determina la realización obligatoria, por parte de las personas titulares, de un Plan de Prevención y Control de Legionella (PPCL)”. En dicho PPCL se incluirán, entre otras cosas, un diagnóstico inicial y descripción detallada de la instalación, así como de los programas de mantenimiento y revisión de instalaciones y equipos, además de documentación y registros que reflejen las actividades y controles establecidos en los programas.

La nueva normativa regula también el régimen de responsabilidades de los titulares de las instalaciones, tanto de las personas titulares de torres de refrigeración y condensadores evaporativos, como de las empresas de servicios externos, y de las empresas de servicios que realicen operaciones de prevención y control de legionella en las instalaciones a su cargo. En el real decreto se establecen también los distintos requisitos de las instalaciones y de la calidad del agua, así como los planes de control frente a la bacteria y las actuaciones de la autoridad sanitaria.