Ramón Rodríguez Arribas, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), afirmó a Servimedia que las declaracioes de Sancristóbal parecen tener por finalidad "armar barullo" para que no se sepa lo que pasó con los GAL.

Rodríguez Arribas calificó dichas declaraciones de "muy graves", tanto en el contenido como en la forma en que se han producido, a través de una entrevista concedida a Televisión Española desde la cárcel de Alcalá-Meco.

A su juicio, la situación que vivimos es de "locura social", porque tanto el debate político, que debería estar en el Parlamento, como el judicial, que tendría que estar en as salas de los tribunales, se han trasladado a los medios de comunicación, lo que en su opinión "es un mal camino".

Señaló que en el caso de que hubiera fundamentos para formular la denuncia que ha hecho Sancristóbal, ésta tendría unos cauces para realizarse, pudiendo incluso llegar a la recusación de Garzón, pero no debería haberse hecho por la vía de la descalificación ante las cámaras de televisión.

Por su parte, Ramón Sáez, de Jueces para la Democracia, manifestó a Servimedia que las declaraiones de Julián Sancristóbal son "gravísimas" y demuestran que existe una estrategia para apartar al juez Baltasar Garzón de la investigación del 'caso GAL' e impedir que ésta salga adelante.

"Aquí hay una estrategia de impedir que la investigación sobre los GAL salga adelante", dijo Sáez, quien calificó de "muy grave" no sólo este objetivo, sino el hecho de que un medio de comunicación público difundiera de manera "tan generosa" las declaraciones de Sancristóbal y la "inusual" autorización de Instituiones Penitenciarias para que se realizara una entrevista en la que se lanzaron graves acusaciones contra el juez que lleva la investigación "más difícil, más complicada y más grave" de la historia reciente de la judicatura española.

INQUIETAR LA INDEPENDENCIA

Sáez aseguró que con declaraciones como las de Sancristóbal se trata de "inquietar la independencia" de Baltasar Garzón, por lo que pidió, en nombre de Jueces para la Democracia, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "salga a la palstra para proteger y amparar la independencia" del magistrado.

Preguntado si las declaraciones de Sancristóbal podrían ser consideradas desacato a la autoridad judicial, Sáez señaló que lo importante no son las palabras del ex director general de la Seguridad del Estado, sino el uso que se ha hecho de ellas "para lanzar una cortina de humo y una grave sospecha contra el juez que investiga el caso de los GAL".

Agregó que si alguien cree que el juez Garzón no es imparcial, puede emplear otras vías,como la recusación, y aportar pruebas. "Los medios de comunicación se pueden utilizar, pero ahí está la responsabilidad política de quienes dirigen los servicios informativos y el medio de comunicación público del Estado de prestar esa gran audiencia a las palabras de una persona imputada de los más graves delitos para acusar de delitos al propio juez", dijo.

Para Sáez, las declaraciones de Sancristóbal deben enmarcarse en "esa estrategia, en la que intervienen Barrionuevo y Vera, en defensa de determnados intereses contrarios a la investigación del 'caso GAL'".

DIMISIONES

Por su parte, José Antonio Alonso, portavoz de Jueces para la Democracia, manifestó a la Cope que "el asunto es tan grave que la responsabilidad tiene que ser exigida con toda la dureza, incluso con la dimisión del responsable. Si el responsable es el ministro (Belloch), también".

Sobre las acusaciones contra Garzón, Alonso señaló que "se trata de un nuevo intento de manejar desde fuera un proceso penal por parte de un imlicado que tiene la posibilidad de defenderse dentro del proceso penal".

"Parece que sigue jugando a lo mismo: a confundir dos planos de responsabilidad, la política de un lado y la judicial por otro, de un modo interesado", agregó. "Parece que esto supone un salto cualitativo en esta estrategia bastante incalificable, en la medida en que se ha usado de un modo bastante descarado a dos instituciones públicas: por una parte a RTVE y, por otra, a las instituciones penitenciarias. Desde ambas esferas algien tendrá que asumir la responsabilidad de que esto haya ocurrido".

Para José Antonio Alonso, hechos como el de la entrevista a Sancristóbal pueden crear un importante conflicto institucional dentro de una democracia que se asienta en la división de poderes. "Lo importante es que se investiguen hechos que pueden comprometer gravemente la propia esencia de la democracia", sean quienes sean los imputados, dijo.

Alonso señaló que "si saliera adelante lo que es un intento de enredar al juez en una mraña de acusaciones, se pondrían en peligro principios básicos de la vida democrática". El portavoz de Jueces para la Democracia confió en que el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, no haya participado directa o indirectamente en lo ocurrido.