Sánchez se refirió a esta cuestión en una entrevista este lunes en La Sexta, donde fue preguntado sobre si, en el marco de la negociación de la ley de amnistía, una opción que baraja el Ejecutivo es ofrecer a Junts acortar los tiempos de instrucción judiciales.

El presidente respondió que “en las últimas semanas” se ha constatado que hay causas judiciales “que se prolongan”, en referencia al ‘caso Tsunami’. Añadió que “hay elementos que podemos incorporar de mejora y que pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas”, en alusión en esta última parte a Junts.

Se da la circunstancia de que el PSOE promovió desde 2018, tras volver a La Moncloa, un cambio de la reforma de los tiempos de tramitación de sumarios que introdujo el PP en 2015. Se trataba de una modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que se llevó a la práctica en 2020.

RIESGO DE “IMPUNIDAD”

En concreto, la modificación de este artículo 324 introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 establecía que “las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas”. También se establecía que las ampliaciones de este plazo debían ser motivadas por el juez.

Desde la entrada en vigor de este cambio, el PSOE y partidos nacionalistas como Junts y ERC sostuvieron que el PP desarrolló esta modificación para dificultar investigaciones por corrupción que le afectaban, como las referidas al ‘caso Gürtel’.

Por ello, ya con Sánchez como presidente, los socialistas impulsaron otra reforma en la Lecrim y el artículo 324 que salió adelante en las Cortes y fue publicado en el BOE el 27 de julio de 2020. Según la nueva redacción del precepto cuestionado, “la investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa”.

En el texto de este cambio legal se hablaba de que “si bien establecer sin más un límite máximo a la duración de la instrucción, se ha evidenciado pernicioso por cuanto puede conducir a la impunidad de la persecución de delitos complejos, no es menos cierto que establecer ciertos límites a la duración de la instrucción supone una garantía para el derecho de los justiciables”.