Sánchez Fierro hizo esta petición ayer durante su participación en el Foro de Debate "Protección de personas dependientes, problemas y soluciones. Impacto jurídico y económico", celebrado en Santander.

El dirigente popular explicó que persona dependiente es aquélla que por falta o pérdida de autonomía física, psíquica o mental precisa de la atencin o ayuda de otras personas para realizar actividades de la vida diaria.

Destacó que en España hay 1.200.000 personas mayores de 65 años que son dependientes, así como 3.500.000 de personas con alguna discapacidad.

Por ello, Sánchez Fierro subrayó la necesidad de que en España se consensue una Ley de Dependencia estatal que regule la atención sociosanitaria de estas personas, que contemple un modelo de financiación mixto público y privado.

En esta misma línea, el consejero cántabro de Sanida, Consumo y Servicios Sociales, Jaime del Barrio, subrayó que "la dependencia es un problema social de primera magnitud, que exige una respuesta contundente de las políticas públicas y del conjunto de la sociedad"

Del Barrio aseguró que la Comunidad Autónoma de Cantabria es la única que cuenta en España con una Ley de Protección a las Personas Dependientes, a fin de dar solución a este colectivo.

Por su parte, José María Vía, presidente de la Fundación Edad y Vida, recalcó que la financiación mixa pública-privada es la que debe recogerse en una futura Ley de Dependencia, aunque matizó que sólo la administración pública debe financiar la atención a personas con dependencias severas.

Para las personas dependientes leves y moderadas propuso ese modelo de financiación mixta en el que el Estado facilitaría un cheque al afectado, que, además, debería contratar un seguro de dependencia. "Quien pueda contribuir que lo haga, en beneficio de aquéllos que no lo puedan hacer", afirmó.

Por último, elprofesor de la Universidad Pompeu i Fabra Pere Ibern comentó que la dependencaia es un problema de riesgo, que debe ser asegurado. A su juicio, la combinación de seguro público y privado es necesaria para conseguir la "máxima eficiencia".

Finalmente, Ibern coincidió con el resto de participantes en que todos los ciudadano tendrían cobertura universal para riesgos de dependencia severa y persistente.