Así lo dijo en la recta final de su comparecencia ante el Pleno del Congreso solicitada por varios grupos parlamentarios por el ‘caso Pegasus’, en la que indicó que hay que "intentar que la ley no vaya nunca por detrás de la tecnología”.

Sánchez señaló en su intervención que la vigente norma “reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia compone los pilares normativos de este organismo” y remarcó que España consta de una “legislación garantista”.

Pero, y aunque ya se contempla en el plan normativo anual del Gobierno, afirmó que se va a aprobar una nueva ley de información clasificada, que va a sustituir a la vigente, aprobada en el año 1968. “Es fundamental e impostergable que la norma se adapte a los principios democráticos, constitucionales, así como a los mejores y mayores estándares internacionales”.

Además, anunció que reformará la ley orgánica reguladora del control judicial del CNI, “en línea con las recomendaciones del Defensor del Pueblo”. Para “reforzar las garantías de ese control, además de asegurar el máximo respeto a los derechos individuales y políticos de las personas”. Para ello, también se van a “tener en cuenta las consideraciones que formule el Parlamento Europeo sobre las tecnologías de interceptación de comunicaciones de última generación”.

Sánchez dijo que “el ciberespacio exige una atención constante ante la evolución tecnológica y la creciente sofisticación de los ataques”, ya que “tiene un impacto directo en la seguridad nacional, en la competitividad de las empresas y en la prosperidad de la sociedad en su conjunto”.

Así, presumió de que, tras el inicio de la guerra en Ucrania, el Gobierno impulsó el Plan Nacional de Ciberseguridad, acciones que conllevan una inversión “sin precedentes”, de más de 1.000 millones de euros, de los que aseguró que ya están presupuestados 500 millones. “El objetivo es que España siga formando parte del grupo de países que lideran la ciberseguridad a nivel mundial.” Porque “se trata de un asunto de Estado que necesita del compromiso de todos”, remarcó.

Concluyó que, con estos hechos, que pasan por la actualización de las Estrategias de Seguridad Nacional y de Ciberseguridad, así como la nueva ley de Secretos Oficiales y la reforma de la ley orgánica reguladora del control judicial del CNI, se “pondrán al día los procedimientos y acometerán los cambios necesarios para evitar que estas brechas de seguridad vuelvan a producirse en el futuro”.