En rueda de prensa una vez finalizada la Conferencia Sectorial, San Segundo explicó que el consejero de Madrid, Luis Peral, tomó la palabra en primer lugar y en nombre de todos los consejeros populares para calificar de "insuficiente" la ley y anunciar el abandono de la sesión.

La ministra consideró una "descortesía" que los consejeros populares se retiraran sin escuchar a los representantes del resto de comunidades y añadió que confía "en volver a contar con ellos, por el bien del sistema educativo y de los alumnos y profesores que representan".

La titular de Educación dijo que la propuesta financiera de destinar 6.107 millones de euros a mejorar el sistema educativo en los próximos cinco años, lejos de ser insuficiente "es importante y seria y está en la dirección de apostar por la educación".

"Si hablan como representantes del Partido Popular", dijo San Segundo a los consejeros, "nos corresponde recordar que la Ley de Calidad (LOCE) entró en el Parlamento sin memoria económica".

186 MILLONES FRENTE A 6.107

En este sentido, aseguró que la LOCE preveía un gasto educativo de 186 millones de euros en tres años, frente a los 6.107 que propone el actual ministerio en cinco. "Que descalifiquemos sin más 6.107 millones frente a 186... Esto no es el debate que necesita el sistema educativo", apostilló.

Añadió que su propuesta financiera supone un incremento del Producto Interior Bruto (PIB) de cerca de 8 décimas y añadió que éste no es el único concepto con el que se incrementará el gasto educativo.

Preguntada por si las comunidades autónomas se comprometieron a invertir la parte que le corresponde, San Segundo indicó que "no estamos en un momento como para plantear cuestiones de este tipo".

En relación con el reparto de fondos entre comunidades autónomas para la Educación Infantil, San Segundo indicó que se hará en función del número de alumnos que tengan en el tramo de 3 a 6 años.

Por último, la ministra de Educación dijo que su propuesta financiera es una "importante novedad" y un reflejo de la importancia que el Gobierno concede a la educación.