Sobre la petición del PP de que comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre la actuación de su departamento en este asunto, aseguró que "los responsables políticos tenemos que estar dispuestos a dar todo tipo de explicaciones, aunque se nos pregunte por temas que no corresponden a nuestro ámbito de competencias", que en materia de consumo están transferidas a las comunidades autónomas.

Salgado explicó que, en estos momentos, los responsables de su departamento están reunidos con los directores de consumo de las comunidades autónomas para estudiar como abordar el tema.

Desde el Ministerio, dijo en los pasillos del Congreso, está garantizada "la máxima colaboración con los afectados" aunque, señaló, "no hay que olvidar que estamos en un proceso judicialy por tanto es pronto para pronunciarse sobre el fondo del asunto".

Su mensaje para las personas afectadas fue que "se les va a trasladar la máxima información posible y la máxima cooperación para ayudarles en la defensa colectiva de sus intereses".

La ministra dijo no querer adoptar "reacciones precipitadas" y se mostró partidaria de esperar a conocer el contenido del sumario judicial y de saber con exactitud la cuantía del fraude y el número de personas afectadas, así como los cauces que establecerá la Audiencia Nacional para que puedan defender sus intereses en el proceso.

En todo caso, Salgado dijo que muchas veces "la seguridad depende de una mejor información" y, en ese sentido, abogó pordeteminar los cauces "para que los ciudadanos conozcan el riesgo de la inversión que van a acometer". También dijo que las administraciones tendrán que controlar que se cumpla la obligación de presentar anualmente una auditoría y, en caso de que no se cumpla con este precepto, que se impongan las sanciones correspondientes.

Se mostró mucho más resistente a la idea de reformar una ley que debe examinarse en conjunto con el resto de las Administraciones y que, según dijo, debería contar con el apoyo parlamentario de todos los partidos.