Esta renta de integración, destinada a las personas sin medios suficientes para atender las necesidades vitales esenciales, se sitúa en estos momentos próxima a las 40.000 pesetas.

Los ejecutivos regionales siguen criterios distintos para determinar este salario, pero la mayoría toma como base el SMI. Así, el Gobierno andaluz lo establece con el 62 por ciento fijo del Salario Mínimo más una cantidad añadida por cada ascendiente o escendiente que dependa de la unidad familiar. La renta media de solidaridad en esa región se sitúa en 53.177 pesetas.

En Cataluña, donde esta prestación ha sido de 39.000 pesetas en 1996, los sindicatos han firmado un preacuerdo con la Generalitat por el que este salario se revalorizará según la subida del IPC en los próximos años.