Así consta en un auto por el que la citada sala ordena deducir testimonio a los juzgados de Madrid para que investigue el caso, surgido a raíz de que los publicase el diario "El Mundo" y los remitiese al juez Juan Del Olmo, que instruyó el sumario sobre los atentados. El magistrado envió los informes a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para a los efectos procedentes.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional señala en su auto que, del examen de los documentos citados, "se llega a la conclusión de la existencia de indicios suficientes para proceder a investigar la posible comisión de, al menos, un delito de falsedad en documento público, por la incorporación al sumario" del 11-M "de un documento inicial (informe pericial del CNP) alterado en su contenido y o en la persona que realiza la pericia y la asume con su número profesional y firma".

Los magistrados, presididos por Javier Gómez Bermúdez, señalan en el auto que el presunto delito de falsedad no es ninguno de los que competen investigar a la Audiencia Nacional.

"Tampoco es un delito de terrorismo ni existe el más mínimo apoyo para estimar que ha sido cometido por persona que esté integrada o colabore con una banda armada, organización o grupo terrorista", añade.

No sólo eso, sino que además tampoco tiene conexidad con alguno de los delitos que pueden investigarse en la Audiencia Nacional. "Esa conexidad sólo podría predicarse con los delitos de terrorismo, para lo que, ahora y 'prima facie', no existe base".

Para la sala, "sólo en la medida en que se estime que la presunta falsedad documental ñ...í ha sido realizada para cometer o facilitar la ejecución de delitos de terrorismo o para procurar la impunidad de los mismos, la competencia para la instrucción de la causa correspondería a los juzgados centrales de instrucción".

Si el juzgado ordinario encontrase alguna relación con un presunto delito de terrorismo, entonces tendría que inhibirse a favor los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. "Lo contrario conduce al absurdo de investigar en un órgano con competencias limitada (juzgado central) todo hecho que se ponga en su conocimiento por si tuviera relación con alguno de los delitos para los que es competente", dice la sala.

GARZÓN MANTIENE LAS DILIGENCIAS

Se da la circunstancia de que hace unos días el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón abrió diligencias informativas sobre dichos informes policiales del 11-M, a raíz de una denuncia de la asociación España y Libertad, remitida al magistrado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.

Fuentes jurídicas informaron hoy que Baltasar Garzón mantiene las diligencias previstas para mañana, día en el que tiene previsto tomar declaración a cinco testigos: el comisario general de Policía Científica, Miguel Ángel Santano, y los cuatro peritos policiales que elaboraron el citado informe.

La denuncia de España y Libertad, remitida a Garzón por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, versa sobre el informe policial oficial que se realizó acerca del ácido bórico encontrado en 2004 en la casa de Hassan El Haski, procesado en el caso del 11-M.

Ayer, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M presentó un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en el que piden al juez Garzón que se inhiba de este caso.

Las razones expuestas por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M son las mismas que las expuestas hoy en su auto por lla Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: no tiene competencia para investigar un presunto delito de falsedad y además no tiene conexidad con delitos de terrorismo.

Asimismo, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M afirma que el pasado 22 de septiembre presentó en los Juzgados de Instrucción de Madrid una querella contra determinados miembros del Cuerpo Nacional de Policía por presuntos delitos de falsificación de documento público, presentación en juicio de documento falso y encubrimiento o, subsidiariamente, de omisión del deber de perseguir delitos.