El pasado el 16 de abril, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó a Atutxa a un año y medio de inhabilitación para cargo público y al pago de una multa de 18.000 euros, y a Knörr (PSE) y a Bilbao (Ezker Batua) a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros, por un delito de desobedencia en el que incurrieron al negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak tras la ilegalización de Batasuna en el año 2003.

Con esta decisión, el Alto Tribunal revocaba precisamente la absolución de los tres políticos vascos dictada por la Sala de lo Civil y lo Penal del TPSJ en enero de 2007.

Para que la decisión del Supremo pudiese ser efectiva y atendiendo a la condición de aforada de Bilbao -que mantiene por ser todavía diputada del Parlamento Vasco-, el pasado 21 de abril el Alto Tribunal remitió un oficio al TSPJV en el que se le encomendaba la labor de ejecutar la sentencia condenatoria de los tres políticos vascos.

Pero existía un problema de peso para que el TSJPV se pudiera hacer cargo de la ejecución de la sentencia, ya que cuatro de los magistrados de su Sala de lo Civil y lo Penal, en concreto su presidente, Fernando Ruiz Piñeiro, y los jueces Antonio García, Roberto Saiz Fernández y Nekane Bolado Zárraga, están recusados en esta causa.

Frente a esta situación, el TSJPV ha decidido que sea la Sala de lo Civil y lo Penal y no otra la que ejecute la sentencia, pero apartando de la misma a los magistrados que se encuentran recusados.

En un auto hecho público hoy, el TSJPV asegura que la competencia de la Sala de lo Civil y lo Penal para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo "no ofrece duda" según lo estipulado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Pero el TSJPV señala que, atendiendo al derecho de todo ciudadano a un juez imparcial y para "eliminar cualquier atisbo de sospecha sobre su posible menoscabo", los magistrados apartados de la causa, "aunque no tienen legalmente impedida la intervención", tampoco "deben formar parte de la Sala de ejecución".

Por lo tanto, el TSJPV ha establecido que sea que la Sala de lo Civil y Penal, compuesta por los mismo magistrados que absolvieron a Atutxa, Knörr y Bilbabo, la que ejecute su condena.