Sala aseguró que los servicios de inspección del CGPJ realizaron numerosas visitas a la Audiencia Nacional que, "a la vista de los resultados", no fueron tan efectivas como debieran.

"No hay excusa para justiicar estos hechos, ni se puede alegar falta de medios, porque los jueces vienen cumpliendo con su obligación con un papel y un bolígrafo desde la noche de los tiempos", indicó.

Asimismo dijo que "corresponde al juez el control de los presos preventivos y es él quién tiene que llevar un control directo sobres ellos. Es, por tanto, el primer responsable. El segundo es el secretario que ha de dar cuenta del cumplimiento de los plazos al juez y no lo hizo".

Sala asumió su responsabilidad por los "falos y anomalías" del servicio de inspección que depende del órgano de gobierno de los jueces y anunció la "potenciación" del mismo para evitar en lo posible la repetición de casos como éste.

Pidió a todos los grupos parlamentarios que no difundan alarma social entre los ciudadanos transmitiendo que la excarcelación de presuntos etarras ha quedado impune. "Se han tomado las medidas oportunas y se exigirán las responsabilidades necesarias", dijo.

El presidente del CGPJ dio cuenta hoy ante el Congres de los Diputados del resultado de la investigación abierta por el órgano de gobierno de los jueces y del que por el momento se ha derivado la apertura de expediente disciplinario contra dos magistrados de la Sección II de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por entender que se produjeron retrasos indebidos en el desarrollo del juicio oral de los miembros del "comando Matalaz".

Sala hizo una detallada descripción de las actuaciones realizadas por la inspección del CGPJ y explicó que el infore realizado por este órgano ha sido remitido al Ministerio de Justicia e Interior, al Colegio de Abogados de Madrid, al Colegio de Procuradores y al Fiscal General del Estado por si los abogados, el secretario de la Sala, el procurador o el fiscal hubieran incurrido en responsabilidades disciplinarias.

Las explicaciones del presidente del CGPJ no convencieron al portavoz de Justicia del Partido Popular, Federico Trillo, quién inició su intervención recordando que "todos los poderes del Estado son respnsables de sus actos, incluidos juzgados y tribunales, jueces y magistrados".

Trillo pidió explicaciones sobre el retraso del Consejo en iniciar una investigación sobre el caso, a pesar de que la prensa informó en el mes de julio sobre la fuga de dichos presos preventivos.

Sala indicó que el Poder Judicial puede ser controlado por el Parlamento, pero negó la posibilidad de tener que asumir responsabilidades políticas que no corresponden a un órgano jurídico.

El portavoz popular repartió respnsabilidades a todos los poderes del Estado por la fuga de tres miembros del "comando Matalaz".

Responsabilizó al Ministerio de Justicia e Interior por no haber vigilado debidamente a los etarras excarcelados, a la Audiencia Nacional por no ser diligente en la tramitación del caso, y al Consejo General del Poder Judicial por no ejercer sus labores de vigilancia y control del funcionamiento del Poder Judicial.

Para Trillo, la fuga de los etarras fue producto de una "suma de negligencias" y en espeial criticó la actuación del CGPJ, que en su opinión, actuó con "retardo culpable" al abrir la investigación a finales de octubre cuando se conocía la fuga de los etarras desde el mes de julio.

"No se puede considerar además que una cuestión de esta naturaleza no va con uno. Ustedes tiene que responder ante alguien", aseguró.

Por su parte, Sala aseguró que el Tribunal no dió orden a las comisarías ni a los juzgados de guardia de la obligación de los excarcelados de presentarse diariamente, ni tamoco se comunicó a las Fuerzas de Seguridad la necesidad de que mantuvieran informado al Tribunal del cumplimiento de esa orden dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia.

La preocupación principal de Trillo fue, sin embargo, conocer el paquete de medidas adoptadas por el CGPJ para evitar que se repitan casos como éste, que producen alarma social y ponen de relieve el funcionamiento defectuoso de la justicia.

NEGLIGENCIA

Por su parte, el portavoz de IU, Diego López Garrido, consideró el heco como "sumamente preocupante" y producto de una "negligencia" en la actuación judicial.

A su juicio, el "caso Matalaz" revela problemas de fondo en la Administración de Justicia y no sólo negligencia de personas concretas, que es lo que se va a depurar con la apertura de los expedientes disciplinarios que proceda, según anunció Sala.

López Garrido consideró primordial, por tanto, una reforma profunda de la Administración de Justicia que permita garantizar a los ciudadanos que hechos de esta natualeza no volverán a repetirse.

Sala aseguró que no puede garantizar totalmente que no se volverán a repetir estos hechos, pero insistió en que la potenciación del servicio de inspección hace "posible" que no ocurran otra vez.

Por su parte, el portavoz socialista rechazó las acusaciones vertidas por Trillo en relación con la posible responsabilidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la fuga de los miembros del comando Matalaz y argumentó que éstas siempre actúan como consecuencia de decisioes judiciales.