De este modo, la sala responde a la petición formulada por la fiscalía para que el tribunal sentenciador se dirigiese a las empresas en las que trabajan los etarras reinsertados y procediera al embargo de la parte correspondiente de sus sueldos.

Las fuentes consultadas indicaron que la fiscalía estudia en la actualidad el orden de prioridades por el que se realizará el embargo, que podría depender de la echa de comisión del atentado, la fecha de la sentencia o la gravedad de los daños causados a las víctimas.

Una vez que la fiscalía responda a esta petición de la sala, ésta procederá a dirigirse a las empresas en las que trabajen los etarras en tercer grado para retener una parte de sus sueldos con destino al pago de las indemnizaciones.

En total, según la lista remitida por Instituciones Penitenciarias a la fiscalía, son 127 los presos condenados por la Audiencia Nacional por terrorismo que en a actualidad disfrutan del tercer grado, entre los que figuran, además de etarras, miembros de los Grapo, terroristas de extrema derecha y de grupos islámicos.

El listado indicaba la situación de cada preso, la prisión de la que depende, la empresa en que trabaja y el salario que percibe, aunque en 80 casos estos datos no figuraban, por lo que la fiscalía volvió a dirigirse a finales del pasado mes de septiembre solicitando a Asuntos Penitenciarios nuevos datos.

El montante de las indemnizacionesque adeudan los presos de ETA a sus víctimas asciende a más de 60.000 millones, según estimaciones de la Asociación Víctimas del Terrorismo.