En concreto, los 16 magistrados que formaron el Pleno tramitaron un incidente de competencia interpuesto el pasado martes por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, un escrito presentado directamente ante la Sala de lo Penal en el que el representante del Ministerio Público pide que se declare la nulidad de la investigación de Garzón.

El incidente de competencia es una medida procesal excepcional que consiste en pedir al tribunal directamente superior al magistrado -en este caso la Sala de lo Penal- que decrete la nulidad de una causa por "incompetencia manifiesta".

Esta medida está amparada por el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que "si durante el sumario o en cualquier fase de instrucción de un proceso penal el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrán reclamar ante el Tribunal superior".

El fiscal Zaragoza decidió hacer uso de esta fórmula legal en previsión de que Garzón se negase a elevar a la Sala el recurso de apelación presentado el pasado lunes contra su investigación, tal y como sucedió esta mañana.

De hecho, el escrito del fiscal señala que el incidente de competencia se ha presentado "en previsión de que se susciten incidentes procesales que pudieran generar un importante retraso en su tramitación y en el traslado de las actuaciones al Tribunal superior competente".

Las fuentes de la Sala de lo Penal consultadas dijeron no recordar haber presenciado en su carrera profesional ningún incidente de competencia como el presentado por la Fiscalía.

CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD

Según informaron fuentes de la Audiencia Nacional, los magistrados del Pleno decidieron, como primera medida, dar traslado del escrito de la Fiscalía a las partes personadas en la causa de Garzón.

En el citado escrito, el fiscal Zaragoza sostiene que Garzón se declaró "indebidamente competente para la instrucción penal" de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.

En esencia, el incidente de competencia se articula de acuerdo con los mismos argumentos jurídicos utilizados en el recurso de apelación presentado el pasado lunes contra la investigación de Garzón.

Por un lado, señala que los fusilamientos y desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo no pueden ser considerados crímenes contra la humanidad porque esta figura legal no fue introducida en el Derecho internacional hasta los juicios de Nuremberg (Alemania), celebrados en 1945 contra los responsables del régimen nazi.

Además, el fiscal considera que los delitos de la Guerra Civil y el franquismo habrían prescrito y estarían perdonados al amparo de la Ley de Amnistía de 1977.

Por último, Zaragoza defiende que, en todo caso, la investigación de los citados delitos correspondería legalmente a los juzgados ordinarios y no a la Audiencia Nacional.

En función de estos motivos, el fiscal solicita al Pleno de Sala de lo Penal que declare la incompetencia de Garzón para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo "por infracción manifiesta de las normas de competencia objetiva y funcional" y que, en consecuencia, anule el auto con el que el magistrado decidió iniciar el procedimiento.