En un auto, los magistrados de la Sección Segunda estiman el recurso presentado por los familiares de las víctimas contra la decisión de Pedraz, acordada el pasado 9 de enero tras recibir una comisión rogatoria de las autoridades de Guinea en la que se interesaba la cesión de la jurisdicción a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de aquel país al haberse abierto un procedimiento por los mismos hechos y contra las mismas personas que en España.

El Tribunal explica que el artículo 65.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye “en exclusividad” a la Sala de lo Penal la competencia para acordar la cesión de la jurisdicción española (siempre en el marco de un tratado internacional que la habilite) sin que dicha competencia pueda ser asumida por el juzgado de instrucción.