Sala explicó que el máximo organismo de los jueces no puede intervenir para acelerar la causa, ya que se trata de "un asunto jurisdiccional", que debe solucionarse por la vía procesal.

Sin embargo, apuntó que la suspensión del juicio, qe debía haberse celebrado ayer en la Audiencia de Valencia, para estudiar la recusación de una de las magistradas que componen el tribunal es "lamentable".

"Toda la magistratura lamenta todas las incidencias que está sufriendo esta causa. Es una distorsión de la Administración de Justicia, más bien un defecto de funcionamiento, y como tal hay que asumirlo".

El presidente del CGPJ indicó no obstante que una gran parte del retraso que está sufriendo la causa responde a que se trata de "un macroprocso muy complicado, que incidió en la doctrina del Tribunal Constitucional", y mostró su esperanza en que la Audiencia de Valencia "resuelva el asunto lo antes posible".

Fuentes del Consejo añadieron que este organismo sólo podrá entender del caso en el supuesto de que alguno magistrados de los que componen el tribunal sea denunciado por alguna de las partes interesadas en la causa.

Este podría ser el caso de la magistrada Pilar Manzana, que había sido designada para componer la sala en este terce juicio y que ya había participado en actos de instrucción por la rotura de la presa.

Manzana no había "reflexionado" sobre este aspecto hasta el viernes pasado, cuando fue recusada por el fiscal por este motivo, por lo que abstuvo de participar en el juicio.

La Audiencia nombró entonces a Carmen Llombart como sustituta, pero ésta también se había visto involucrada de forma indirecta en la causa cuatro años antes, cuando investigó a un falso médico que había firmado partes de defunción de algunosde los fallecidos durante las inundaciones de 1982, provocadas por la rotura de la presa.