Además, estima que es innecesario, por razones cuantitativas, que los asuntos sobre delitos monetarios sigan siendo atribuídos a un solo juzgado central.

Estos son dos de los argumentos empleados por la Sala de Gobierno para acordar, en su reunión el pasado miércoles, solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que revoque el acuerdo adoptado por su pleno el 10 de mayo de 1989, que atribuyó en exclusiva al juzgado de Moreiras la competencia sobre los delitos económicos, con lo que éstos, de aprobarse esta reforma, podrían ser también emprendidos por los otros juzgados centrales de la Audiencia.

En el escrito elevado al CGPJ, que podría estudiarlo en el pleno que celebrará dentro de 15 días y del que fue ponente el magistrado Siro Garía, la Sala de Gobierno indica que "la atribución en exclusiva de los delitos de fraudes económicos al Juzgado Central número 3 carece de operatividad alguna", según muestra, a su juicio, el hecho de que ningún proceso por ese motivo haya pasado de la investigación, no habiéndose celebrado ningún juicio.

Añade que "han disminuído fortísimamente las posibilidades de calificar un hecho como delito monetario, dada la corriente liberalizadora en materia de control de cambio".

Precisa además que no quda en el juzgado de Moreiras ningún funcionario especializado en esos temas, como los que habían sido trasvasados en 1977 desde el Ministerio de Hacienda.

Esta decisión de quitar a Moreiras la exclusividad en delitos económicos fue propuesta por el presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, aunque no contó con el visto bueno de todos los jueces centrales, de los que tan solo Carlos Bueren apoyó la iniciativa.