Sala, que pronunció una conferencia sobre "Política, justicia y Estado de derecho", señaló que las decisiones políticas "han de combatirse políticamnte, en sede parlamentaria, por quienes forman parte de ella o ante la opinión pública, mediante un debate democrático".

En su opinión, no debe haber ninguna conexión entre el poder judicial y la acción política, ya que "los jueces no están llamados a gobernar" ni les corresponde adoptar decisiones políticas porque no poseen la legitimación, ni la formación, ni los medios para hacerlo. "Y si los poseyeran no estaríamos hablando de un Estado de Derecho", indicó.

Evitar ese peligro de que los juece asuman una postura política requiere, según Sala, que cada uno cumpla con su cometido. "En el caso de los jueces, las cosas están muy claras: la Constitución y las leyes les apartan del campo de la pugna política y les obligan a ejercer, de modo exclusivo, su tarea jurisdiccional", destacó.

Sala también advirtió de los peligros de utilizar los recursos jurisdiccionales como pretexto para acosar a un ejecutivo, sea nacional, autonómico o municipal "cuando no cuesta demasiado esfuerzo apreciar que no cncurren irregularidades de relieve en un acto o decisión que, sin embargo, se impugna no se sabe si por si acaso o, simplemente, para beneficiarse de la correspondiente proyección informativa, a menudo organizada con todo detalle".

"Desafortunadamente, episodios de esta última naturaleza han sido más frecuentes de lo deseable y revelan poco respeto por el poder judicial y un evidente propósito de instrumentalizarlo".

En su conferencia, el presidente del CGPJ hizo alusión asimismo a la supuesta poitización del poder judicial derivada de la designación por parte del Parlamento de los vocales de ese órgano. Sala señaló que discrepa "radicalmente" con esa interpretación porque la considera "equívoca en su formulación, vacía en su fundamentación e incierta en su conclusión".

Según Sala, es equívoca "porque confunde la política con la toma de partido en la competición por el poder" y aunque los vocales pueden tener ideas políticas porque son personas, "no pueden tomar partido de ninguna forma en lalucha política desde su constitución institucional".

Lo contrario,, en su opinión, supondría dar "por sentada la falta de honestidad de quienes, según parece se desprende de esa interpretación, se pliegan dócilmente y por sistema los dictados de las direcciones de las fuerzas políticas", lo que Sala rechaza.

A su juicio, las personas que forman parte del consejo hacen valer su independencia personal y su propio criterio y "ni buscan, ni aceptan instrucciones de nadie", sino que actúan en concienca, de acuerdo con la Constitución y las leyes. "Presuponer, sin demostrarlo, lo contrario es muy grave", reiteró.

El presidente del Tribunal Supremo expresó, en este sentido, su "profunda preocupación" por las consecuencias a que conduce esa "descalificación radical que, al margen de cuestionar a las personas concretas que pudieran verse afectadas por ella, acaba por deslegitimar a las instituciones. Esto no sólo es injusto sino peligroso. Desde luego para el poder judicial en su conjunto, pero tambié para las restantes instituciones del Estado".

Como conclusión, Sala afirmó que no existen vacíos institucionales que los jueces se vean objetivamente impelidos a colmar, ya que "cada uno de los poderes del Estado esá cumpliendo con su cometido".

Por ello, abogó por que la sociedad, las instituciones y el poder judicial se tengan respeto mútuo, lo que implica que "no se pretenda descargar sobre los hombros de los jueces tareas que no nos corresponde. Que se nos deje llevar a cabo nuestra función"

Finalmente, dijo que se instrumentalizan cada vez más campañas de opinión en las que los jueces se encuentran en el medio por razón de los asuntos que les han correspondido y destacó que, junto al "imprescindible autocontrol de los jueces", es también necesario buscar remedios "a esas nuevas formas de atentar contra la independencia judicial".