Agregó que los jueces deben intervenir en la concesión del tercer grado penitenciario, "ya que la intervención judicial no significará una merma en cualquiera de las medidas para erradicar la lacra del terrorismo".

Indicó que esa petición ya la realizó el CGPJ en septiembre del pasado año, y que tendrá qu ser reconocida por el Gobierno y el poder legislativo. "La intervención de los jueces en el paso al tercer grado es algo tan natural, tan esencial, tan racional y tan razonable, que nadie lo podrá negar", añadió.

Sala, que intervino hoy en el curso "La reforma de la Justicia en el Estado democrático de Derecho", que se ha desarrollado esta semana en San Lorenzo de El Escorial, matizó que "esto tampoco debe tomarse como una desnaturalización o descalificación de medidas que se han revelado como eficacsimas en la lucha contra el terrorismo".

El presidente del Tribunal Supremo se mostró de acuerdo con las afirmaciones del vicepresidente del CGPJ, José Luis Manzanares, que indicó el pasado martes que los jueces no deberían tener en cuenta los pactos políticos, como el de Ajuria Enea, a la hora de vigilar la ejecución de las sentencias.

"El Pacto de Ajuria Enea no es un norma, ni una ley, y los jueces están sometidos exclusivamente a la ley. Sin embargo, el instrumento de la reinserción, que es alicable no solamente a los delitos cometidos por terrorismo, sino para todos los delitos, es una finalidad que está establecida en la Ley General Penitenciaria, y es perfectamente legal".

Sala también salió al paso de la polémica creada por la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de que los presos reinsertados cumplan su responsabilidad civil e indemnicen a las víctimas, y aseguró que los terroristas reinsertados, como cualquier otro preso, deben responder de su deuda, una vez integrados e la vida civil.

El presidente del CGPJ indicó que esta obligación no se puede excusar por motivos de insolvencia y señaló que "es una obligacion del ministerio fiscal y de los jueces y tribunales estar vigilantes sobre cualquier mejora de la fortuna del condenado para que pueda cumplir también esta consecuencia de su acción delictiva. Por consiguiente, no es nada nuevo. Esta establecido en la ley y debe cumplirse".

VACANTES INSTITUCIONALES

Por otra parte, Pacual Sala pidió a la fuerzas política que hagan el esfuerzo necesario para cubrir, no más tarde del próximo mes de septiembre, las vacantes existentes en el Consejo General del Poder Judicial.

"Son las fuerzas politicas las que legalmente tienen en estos momentos la responsabilidad de realizar el esfuerzo necesario para cubrir las vacantes, porque la justicia y el poder judicial es una auténtica cuestión de Estado", añadió.

Para el próximo año legislativo, Sala defendió como objetivos prioritarios el perfeccionamiento y la preparacin profesional de los jueces y magistrados. Además, indicó que la lentitud de la justicia podría aliviarse dotándola de los medios y técnicas informaticas necesarias, así como de nuevos intrumentos procesales.