El fiscal pidió 6 años y 3 meses de prisión, para el ginecólogo que, entre otras cosas, llamó "cáncer de la democracia" a los jueces y fiscales de Málaga y aseguró que la Sala Seguna del Tribunal Supremo "garantiza a los jueces la impunidad de sus actos por muy delictivos que sean",

No obstante, el fiscal reconoció que la pena recogida en la legislación por calumniar era excesiva.

Saénz de Santamaría, que ratificó todas las declaraciones realizadas a diversos medios de comunicación en 1991, especificó que su intención fue la de provocar "una situación límite", ante la persecución "brutal e intolerable" que estaba sufriendo por parte de los fiscales y jueces de Málaga desde ue hace siete años se abriera el primero de los tres sumarios que existen contra él por delitos de aborto.

Tras ser condenado a 4 años de cárcel, el Gobierno le indultó con la recomendación del fiscal general del Estado. El procesado hizo constar que, pese a ello, la fiscalía de Málaga emitió un informe en el que le calificaba de "delincuente habitual", mientras que los jueces mantuvieron sus cuentas bancarias embargadas por una fianza cautelar de 5 millones de pesetas, además de ordenar registros domciliarios "improcedentes y exagerados".

Como prueba de ello, argumentó que durante ese tiempo, sólo se produjo una sentencia firme del Tribunal Supremo "que detecta hasta 10 irregularidades de tipo procesal".

El ginecólogo dijo que creyó llegado el momento "de someter a juicio crítico las actuaciones de unos funcionarios públicos" porque afectaba al bien común y comentó que, si llegó a la descalificación personal, fue porque para convertirlo en un problema social y político "la sociedad obliga a tilizar ese lenguaje de insulto continuo, embrutecimiento y pérdida de la razón".

Insistió en que actuó siempre dentro de los límites de la Constitución, ya que sus críticas se dirigieron a las instituciones y no quiso personalizar en ningún momento cualquiera de sus consideraciones.

El fiscal consideró que el procesado se excedió en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión e ideológica y, "en una actitud contumaz", utilizó expresiones "con ánimo calumnioso", que causaron "un estado e alarma social".

Consideró que acusó a los magistrados del Tribunal Supremode prevaricación, consideración que calificó de delito contra los altos organismos de la nación por calumnias, por el que solicita seis años de prisión, y recogió otro de desacato, por el que exige tres meses de arresto con multa de 300.000 pesetas.

Destacó no obstante que la pena era excesiva, en tanto en cuanto la normativa no distingue entre calumnias de carácter leve o grave, pero recordó que una setencia del TribunalConstitucional deja abierta la posibilidad de equiparar la condena a las que se imponen por injurias, que sí hacen distinción de gravedad.

Los abogados defensores del ginecólogo, Pedro Apalategui y José Luis Galán, recalcaron que sus expresiones estaban justificadas por el "interés social" y que en ningún momento se afectaron contra el derecho al honor, ya que es un derecho de las personas y no de las instituciones, a las que iban dirigidas sus palabras, "aunque existiera una imprecisión en el lenguaj", por lo que solicitaron su libre absolución.