La propuesta de Estatuto aprobada inicialmente por el Parlamento catalán pretendía que el conocimiento de la lengua catalana fuera "requisito" para acceder a una plaza de juez, magistrado o fiscal.

Finalmente en el Estatuto se dirá que el conocimiento "suficiente" del catalán se valorará "específicamente" en los concursos de traslado a Cataluña.

Con esa fórmula se pretende garantizar que los jueces, magistrados y fiscales puedan atender a ciudadanos que si dirijan a ellos en cualquiera de las dos lenguas oficiales en este territorio, en virtud de la Constitución.

Sin embargo, se alcanzó un "compromiso político" para que en la Ley Orgánica del Poder Judicial se incorpore el "mérito determinante" de conocer el catalán al optar a esa plaza en Cataluña.

El socialista Diego López Garrido explicó con un ejemplo la diferencia entre "mérito determinante" y "requisito": si tres jueces optan a una plaza en Cataluña y sólo uno de ellos conoce el catalán, se llevará la plaza. Pero, si ninguno de ellos lo conoce, igualmente uno de ellos se llevará la plaza, precisamente porque no es requisito, sino mérito frente a quien no lo conozca.

El ponente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Ridao, reconoció que ese mérito "determinante" es algo más que el "preferente" actual, pero aseguró que su grupo seguirá defendiendo el término "requisito".

Si ERC respalda ese "compromiso político" es, precisamente, porque pretende que el mérito determinante "no se petrifique" en el Estatuto sino que, al estar en una Ley Orgánica, se pueda avanzar hacia ese objetivo.

El acuerdo alcanza también la definición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como instancia última y efectiva de todos los procesos iniciados en esta comunidad, y también de los recursos.

Así, el Tribunal Supremo queda como instancia receptora de recursos de casación para unificación de doctrina. La ponente de CiU Nuria de Gispert aseguró que esta fórmula permitirá, entre otras cosas, desatascar al Supremo.

FUNCIONES DELEGADAS

Se creará el Consejo de Justicia de Cataluña, un órgano de gobierno de los jueces que ejerzan en esta comunidad, cuyas funciones estarán delegadas por el Consejo General del Poder Juducial (CGPJ) y fijadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los defensores de este acuerdo argumentaron que no será un órgano al margen del CGPJ sino con competencias delegadas por aquel.

De igual forma, los presidentes de sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña serán nombrados a propuesta del CGPJ y con la participación del Consejo de Justicia de Cataluña en los términos que determine la Ley Orgánica del Poder Juducial.

El ponente de Iniciativa per Catalunya Jaume Bosch se mostró satisfecho con los acuerdos alcanzados y sentenció, además, que no contemplan un escenario distinto al de la adhesión de ERC al pacto global.

Bosch argumentó que la actitud de oposición frontal del PP "obliga" a los partidos catalanes a "cerrar filas" para defender su modelo.

Con estos acuerdos, sentenció el socialista Diego López Garrido, el PSOE cumple su compromiso electoral de descentralizar la justicia y adaptarla a las comunidades autónomas.

La vicepresidenta de los socialistas catalanes, Manuela de Madre, aseguró que el texto aprobado recoge en gran medida el espíritu de lo defendido por el Parlamento catalán con mejoras constitucionales.

Esa oposición frontal del PP a los acuerdos alcanzados por los demás grupos la explicitó el ponente Federico Trillo al denunciar lo que considera un paso decisivo en la fractura del Estado constitucional construido en 1978, ya que se "separa" un poder judicial catalán del resto de España.

Además, pese a que Cataluña no pueda convocar oposiciones a jueces y fiscales, que seguirán dependiendo del Estado, el hecho de que el conocimiento del catalán sea mérito determinante para ocupar después plaza en esta comunidad es "un requisito lingüístico insalvable" al que el PP se opone frontalmente.

En su opinión, pese al "maquillaje" que el PSOE ha intentado imprimir al texto aprobado por el Parlamento catalán, el conocimiento de esta lengua será igualmente un requisito imprescindible para ser juez o fiscal en Cataluña.

Trillo alertó de que con esta redacción los ciudadanos españoles no tendrán garantías de un poder judicial único en todo el Estado.

López Garrido criticó después duramente que un jurista haga esa afirmación y se preguntó "cómo no se le cae la cara de vergüenza".