El sábado finaliza el plazo de seis meses con el que contaban -------------------------------------------------------------

MADRID
SERVIMEDIA

Las organizaciones ecologistas, políticas y sociales que pretenden elevar al Parlamento español una ley antinuclear para que sea debatida y votada no van a poder obtener antes del sábado, fecha límite que les otorga la ley, las 500.000 firmas de apoyo que, para ello, son necesarias.

Fuentes de la Asociación Ecologista para la Defensa de la Naturaleza (Aedenat) manifestaon a Servimedia que no creen "que se llegue a esa cifra".

Aedenat, una de las asociaciones que más firmas ha recogido, considera que el 1 de junio van a contar con más de 400.000 adhesiones.

Madrid, con unas 90.000 firmas, ha sido la comunidad más activa, mientras que en Barcelona, la cifra final será superior a las 70.000.

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es la única vía de la que disponen los colectivos y grupos extraparlamentarios para presentar una propuesta de ley ante el Congres de los Diputados.

Para poder ejercer la ILP, la ley obliga a recoger medio millón de firmas válidas en un plazo de seis meses. Los promotores de la iniciativa antinuclear comenzaron a hacerlo el pasado 1 de diciembre.

La propuesta de ley prohibía la construcción de nuevas centrales nucleares, el cierre de las queestánfuncionando, así como la exportación, importación y tránsito de sustancias y equipos nucleares por el territorio español.

En el supuesto de que el próximo sábado los ecologstasno hayan conseguido las 500.000 firmas, Aedenat va a seguir recogiéndolas en junio hasta alcanzar esa cifra "y se van a depositar ante un notario, ya que tenemos diversos contenciosos en marcha contra la Administración que, de ganarlos, podrían hacer que se revisara el proceso".

Durante los seis meses que ha durado la campaña, la Comisión Promotora ha acusado a la Administración de entorpecer su labor y ha presentado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque no les fue concedida l prórroga de tres meses que, aseguran, por ley les correspondía.

Además, denunciaron el exceso de datos personales de los firmantes que les obligaban a recoger, así como que no pudieran prescindir del castellano en los pliegos distribuidos en Cataluña, Euskadi y Galicia.

(SERVIMEDIA)
30 Mayo 1991
GJA