Por ello, según S&P, “la inmediata reacción negativa del mercado de renta variable es comprensible porque esta medida lastrará los beneficios de la banca española”. A falta de conocer sus detalles, el nuevo impuesto pretende recaudar 3.000 millones de euros en los próximos dos años.

Además, explica que los 3.000 millones de costes fiscales adicionales en 2022 y 2023 equivalen a alrededor del 12% de los beneficios netos internos esperados para el sistema bancario español en su conjunto en el mismo período, y podrían detraer 70 puntos básicos del rendimiento anual del capital de los bancos.

Para S&P, el anuncio de este impuesto fue una sorpresa porque aparentemente las únicas discusiones abiertas sobre posibles impuestos a los beneficios extraordinarios fueron para las empresas de gas, petróleo y servicios energéticos.

Sin embargo, admite que se trata de una actuación que “no es nueva en Europa” y que se podía prever teniendo en cuenta el aumento de la inflación y la limitación del margen fiscal de los estados.

De hecho, señala que otros países como Dinamarca, Polonia o Hungría han aprobado impuestos similares y que podría hacerlo también Italia.