Según declaró Jiménez a Servimedia, esta medida, aunque "positiva", "no soluciona el problema", que, en su opinión, reside en la negativa de los empresarios a regularizar a sus trabajadores y en la cantidad de inmigrantes que se quedarán fuera del proceso porque "fueron despedidos en lugar de regularizados".

Asimismo, el portavoz de Rumiñahui quiso mantener la cautela, pues "no se sabe qué pasará con quienes no pudieron presentarse" a la normalización en su día por carecer de acreditación de empadronamiento, ni si la documentación que exigirá ahora el Gobierno "será o no un papel imposible de conseguir".