"Las repatriaciones existen, pero es necesario agilizar los procesos de identificación; por ello, garantizamos la investigación de huellas dactilares para que no supongan un problema de seguridad para la sociedad española. A día de hoy son más de setenta mil las expulsiones. La situación de los últimos días ha acelerado las expulsiones", añadió Rumí en declaraciones a Onda Cero.

Asimismo, negó que cuando un marroquí cruza la frontera tuviera derecho a quedarse en España: "No es cierto. Está vulnerando la ley y a este respecto mencionó el convenio de 1992, que implica que todo ciudadano que atraviese las fronteras españolas a través de Marruecos debe ser repatriado al país de origen".

Aunque admitió que "hemos tenido dificultades para cumplirlo", Rumí manifestó que estos problemas no abarcan la repatriación de marroquíes y que en la cumbre hispano-marroquí celebrada ayer, "Marruecos se comprometió a poner en marcha dicho convenio. Ahora habrá menos presión para nosotros y los que han atravesado la frontera marroquí".

Matizó que en el proceso de devolución "es donde se ponen en marcha mecanismos como el de 1992. Ya se han efectuado 70.000 expedientes de devolución. Hablamos del 99% de las personas repatriadas. Estas avalanchas no son nuevas. La diferencia es que están organizados; vienen de países en conflictos bélicos y con una actitud distinta. Tenemos la obligación de defender nuestras fronteras. La Comisión Europea debe ser eficaz en este asunto porque somos la entrada a Europa".

Acerca de las diferencias que Bruselas mantiene con las nuevas medidas españolas de regularización de inmigrantes, Rumí declaró que "no es verdad. Las legislaciones de los países miembros son independientes. No hay una política común, y, por tanto, en ningún proceso es obligatorio dar información, aunque España sí que la dio. Lo que hay es un uso demagógico de la inmigración por algunos interesados.

En este sentido, la secretaria de Estado de Inmigración acusó al anterior Gobierno de José María Aznar. Según dijo, éste "hizo hasta cinco regularizaciones y no avisó a la Unión Europea".