Para ello, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó hoy un escrito ante la sala en el que anuncia que interpondrá el recurso, alegando infracción de ley en la entencia absolutoria por aplicación indebida del Código Penal. Mientras que el fallo consideró que los hechos imputados a Ruiz-Mateos no constituyen delito, el ministerio fiscal estima que sí están tipificados penalmente, según informaron hoy fuentes fiscales.

De acuerdo con estas fuentes, la interposición del recurso fue acordada hoy por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que ordenó al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, que presentase el escrito anunciando la interpoición de la impugnación, dado que el plazo para ello vencía hoy.

En su sentencia, el tribunal consideró probado que Ruiz-Mateos ordenó anotar en la contabilidad del grupo Rumasa "unas fingidas cuentas de crédito", pero señaló que ello no constituía el delito de falsedad en documento mercantil del que estaba acusado, dado que la falsificación "no supuso lesión efectiva, ni peligro de daño económico para los fingidos deudores", ni tampoco originó lesión patrimonial.

Otra de las acusaciones de falsead contra Ruiz-Mateos se basaba en que había ordenado realizar una hipervalorización del activo de Rumasa, pero el fallo indicó que ello tampoco constituía falsedad documental porque se trataba de juicios de valor y, además, el nuevo Código Penal no tipifica como delito la falsificación cometida por particulares consistente en faltar a la verdad en la narración de los hechos.

Además de Ruiz-Mateos, el tribunal también absolvió a cuatro colaboradores del empresario: José Díaz Hidalgo, secretario personl de Ruiz-Mateos; Manuel Sánchez Marín, director general de administración de Rumasa; Luis Romero, director de la división bancaria del grupo, y Carlos Quintas, director general de Multinvest UK, sociedad de cartera del "holding" radicada en Londres.

Todos ellos habían sido acusados de falsedad, apropiación indebida y estafa por el fiscal, que pidió para ellos durante el juicio penas que oscilaban entre 5 y 23 años de prisión.