Además, el tribunal encargado de juzgar al empresario Joé María Ruiz-Mateos y otros ex directivos del grupo Rumasa ha pedido al fiscal que se pronuncie sobre la competencia de la Audiencia Nacional para celebrar la vista, que será fijada para principios del próximo año.

En concreto, la sala solicita al representante del ministerio público que precise si alguno de los delitos imputados a los procesados, falsedad en documento mercantil y oficial y apropiación indebida, se han visto alterados por las recientes modificaciones legislativas y, por tanto, si contnúan vigentes y pueden ser aplicados a los acusados.

La fuentes consultadas precisaron que, después de que el fiscal se pronuncie sobre estos extremos, la sala solicitará a las procesados y al abogado del Estado que hagan a su vez las alegaciones pertinentes para, una vez resueltas las cuestiones que se planteen, proceder a señalar la fecha del juicio.

Inicialmente, Ruiz-Mateos y los 3 ex directivos procesados en esta causa iban a ser juzgados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dada la conición de eurodiputado que tuvo el empresario jerezano.

Sin embargo, a pesar de que la fecha del juicio fue señalada para el 22 de marzo del pasado año, el Alto Tribunal acordó remitir la causa en el mes de agosto a la Audiencia Nacional, una vez que Ruiz-Mateos perdió su condición de aforado al no salir reelegido en las elecciones europeas del mes de junio.

Durante la vista, el fiscal solicitará un total de 12 años de cárcel y 500.000 pesetas de multa para Ruiz-Mateos como responsable de sendos dlitos continuados de falsedad en documento mercantil presuntamente cometidos durante su gestión al frente del grupo Rumasa, según recogen las conclusiones provisionales elaboradas por el representante del ministerio público en 1988 y que siguen vigentes.

Además de Ruiz-Mateos, también están procesados en este sumario José Díaz Hidalgo, ex secretario personal del empresario; Luis Romero Agarrado, ex director general de la división bancaria del grupo, y Manuel Sánchez Marín, ex director general de contailidad de Rumasa, para quienes el fiscal solicita penas que oscilan entre los 5 y los 20 años de prisión y multas que ascienden a 16.000 millones de pesetas por los delitos de falsedad en documento mercantil y oficial, así como de apropiación indebida.

Entre los hechos que les atribuyó el fiscal figura la alteración de las partidas de activo de cada uno de los bancos del 'holding' Rumasa con el fin de encubrir los déficit reales, para lo que abrieron cuentas corrientes a las que adjudicaron créditos fcticios por valor total de 1.766.600.000 pesetas.

Asímismo, les achaca haber incrementado ficticiamiente por un total de 345.751.000.000 pesetas las plusvalías del grupo mediante meros apuntes contables.

Además, les acusa de haber utilizado la denominada "Rumasa Exterior" para no reintegrar el mercado nacional divisas por valor de más de 4.000 millones de pesetas, al tiempo que en España el grupo cobraba las primas y beneficios fiscales con cargo a la exportación.

"Todos los hechos descritosvinieron a colocar al grupo Rumasa en un estado de insolvencia encubierta provocada por las referidas actividades ilegales de Ruiz-Mateos y los resantes procesados.

La vista por el 'caso Rumasa', que cuenta con varias decenas de miles de folios repartidos en más de 30 cajas, se prolongará durante varias semanas dada la complejidad de la causa y el número de testigos propuestos por las partes, un total de 195.