De acuerdo con estas fuentes, la suspensión de la vista se debería a la tardanza de la Fiscalía en remitir su escrito de calificaión contra el empresario, que finalmente fue recibido a primeras horas de esta tarde en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es la encargada de juzgar a Ruiz-Mateos.

Las fuentes consultadas señalaron que probablemente la sala proceda a dar traslado del mismo a las partes personadas en la causa para que hagan las alegaciones correspondientes, con lo que la vista no podría comenzar el próximo lunes, como estaba previsto.

La tardanza de la fiscalía en remitir su inorme al tribunal se debe a que fue ayer mismo cuando la Junta de Fiscales de Sala, convocada por el fiscal general del Estado, Juan Ortiz Urculo, se reunió para analizar el escrito de calificación elaborado hace ya varios días por el fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, en el que proponía el sobreseimiento libre para Ruiz-Mateos y el resto de los imputados.

Gordillo consideraba que los hechos de los que estaba acusado el empresario ya no constituían delito según el nuevo Código Penal, porlo que solicitaba el archivo de la causa. Asimismo, también pedía el sobreseimiento para los otros 4 procesados, dado que las apropiaciones indebidas que se les imputaban no estaban cuantificadas en cada una de las empresas del 'holding' Rumasa.

Sin embargo, en su reunión de ayer la Junta de Fiscales de Sala acordó mantener el escrito de calificación que el ministerio público había redactado en 1988, en el que se solicitan un total de 12 años de cárcel para el empresario jerezano como autor de dos deltos continuados de falsedad en documento mercantil.

Según las fuentes consultadas, el informe elevado hoy a la sala, aunque más extenso que el elaborado en 1988 por la fiscal Carmen Tagle, mantiene la calificación que en su día hizo el ministerio público, en la que además se piden penas que oscilan entre los 5 y los 20 años de cárcel para los ex directivos de Rumasa José Díez Hidalgo, Luis Romero Agarrado, Manuel Sánchez Marín y Carlos Quintas Alvarez como autores de los delitos de falsedad en documeno mercantil y oficial y apropiación indebida.

Asimismo, la fiscalía exige a todos los procesados que indemnicen a la Dirección General del Patrimonio del Estado con la cantidad de 652.000 pesetas.

Las citadas fuentes indicaron que de llevarse a cabo la suspensión del inicio del juicio, la vista contra Ruiz-Mateos podría comenzar un lunes del próximo mes de diciembre, dado que el tribunal había reservado todos los lunes de ese mes para celebrar las sesiones del juicio contra el empresario, cuya duación podría prolongarse hasta el próximo año por el gran número de testigos que comparecerán en él.

De llevarse a cabo finalmente la suspensión, sería la tercera vez que el juicio contra Ruiz-Mateos se aplazaría a pesar de tener fecha fijada para su inicio.