RUMASA. APLAZADO HASTA ENERO EL JUICIO CONTRA RUIZ MATEOS EN LA AUDIENCIA NACIONAL

- A propuesta de tres de los procesados y debido a la tardanza de la fiscalía en enviar su informe

MADRID
SERVIMEDIA

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó hoy un auto por el que suspende el juicio contra el empresario José María Ruiz-Mateos previsto para el próximo lunes, día 25, según informaron hoy a Servimedia fuentes judiciales.

La Sala acordó fijar la vista para los próximos 9 y 10 de enero, y del 13 al 17 del mismo mes. Con éste ya son tres los aplazamientos que ha sufrido la causa contra Ruiz-Mateos por su gestión al frente de Rumasa.

L Sala tomó esta decisión atendiendo la petición de tres ex directivos de Rumasa procesados, Luis Romero Agarrado, Manuel Sánchez Marín y Carlos Quintas Alvarez, que habían pedido la suspensión de la vista del próximo lunes para poder estudiar el informe de la Fiscalía General del Estado, documento que llegó ayer a la Audiencia Nacional.

Otra de las razones sopesadas por la Audiencia Nacional para suspender el juicio ha sido la tardanza de la Fiscalía General en remitir su informe al tribunal. El resposable del ministerio público, Juan Ortiz Úrculo reunió anteayer a la Junta de Fiscales de Sala para analizar el escrito de calificación elaborado hacía ya varios días por el fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, en el que proponía el sobreseimiento libre para Ruiz Mateos y el resto de los imputados.

La Junta de Fiscales de Sala acordó, en contra del criterio de Gordillo, mantener el escrito de calificación que el ministrio público había redactado en 1988, en el que se solicitan un total de12 años de cárcel para el empresario jerezano como autor de dos delitos continuados de falsedad en documento mercantil.

Asimismo, los fiscales mantienen la calificación que en su día hizo el ministerio público y piden penas que oscilan entre los cinco y 20 años de cárcel para los ex directivos de Rumasa José Díez Hidalgo, Luis Romero Agarrado, Manuel Sánchez Marían y Carlos Quintas Alvarez, como autores de los delitos de falsedad en documento mercantil y oficial, y apropiación indebida.

La Fiscala General exige también a todos los procesados que indemnicen a la Dirección General del Patrimonio del Estado con la cantidad de 652.000 pesetas.

Este informe de la Junta de Fiscales de Sala llegó a la Audiencia Nacional a primera hora de la tarde de ayer, motivo que ha influido en el aplazamiento del juicio, según confirmaron a Servimedia fuentes judiciales.

(SERVIMEDIA)
22 Nov 1996
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