López Garrido aseguró, en rueda de prensa, ue el desalojo del poblado de rumanos en Malmea y el de ayer de un poblado gitano en Fuencarral, ambos en Madrid, no son "anécdotas", sino que obedecen a una "contumaz política racista y de limpieza étnica".

Se trata, reiteró, de "una política decidida, determinada, recalcitrante de las administraciones del Partido Popular de discriminación racista que hay que parar como sea" y que es necesario llevar a instancias internacionales "porque desborda los límites de este país".

En opinión de López Garido, estos desalojos han conculcado el Convenio de Derechos Humanos suscrito por España, al vulnerar los preceptos que protegen la vida privada, la intimidad, y el derecho a tener un domicilio, ya que "se les ha expulsado sin alternativa de realojo".