Las mismas fuentes explicaron que Alvarez de Miranda abrió ese mes una queja de oficio en la que solicitaba al Ayuntamiento de Madrid y al Instituto Madrileño del Menor y la Familia información sobre las condiciones de vida de los menores rumanos del campamento de Fuencarral.

La petición del Defesor se produjo antes de que las familias rumanas asentadas en Malmea (Fuencarral) fueran expulsados por el Ayuntamiento de Madrid el pasado mes de julio.

La Oficina del Defensor ha recibido ya un informe del Ayuntamiento de Madrid sobre los niños rumanos de Malmea y ahora está a la espera de recibir un informe complementario que le pidió el Defensor recientemente.