En el escrito, el letrado solicita al juez que revoque el citado auto y mantenga la fianza o, en su defecto, imponga otra de 2.000 millones de pesetas.

Además, considera que Moreiras no debe remitir a Haciend expediente para que envíe informes sobre la identidad de los titulares de las operaciones de cesiónes de crédito y las rentenciones que el banco debió practicar sobre los rendimientos de las inversiones porque "el Juzgado tiene los medios suficientes para investigar los hechos".

El abogado basa sus peticiones en la cantidad y gravedad de los hechos denunciados que podrían constituir delitos de falsedad, estafa, apropiación indebida y delito contra la Hacienda pública, de los que responsabiliza a la cpula directiva del banco y a los titulares de las operaciones "que conocían el fin de su dinero, tanto a nivel directo como moral".

Asimismo, estima que también podrían haber incurrido en delito los cesionarios que autorizaron imposiciones a su nombre de dinero extraño.

Según el abogado, hasta el momento las actuaciones judiciales han permitido evidenciar que existen "razones de hecho y derecho para continuar la depuración de responsabilidades" y recuerda que tanto el fiscal como el abogado del etado se han opuesto al archivo de la causa.

Además subraya que la denuncia fue interpuesta por delitos concretos, no porque se observaran irregularidades en las operaciones de cesiones de crédito, denominación, que según García Montes, ha sido utilizada por el Banco Santander en un intento de desviar el procedimiento de la jurisdicción penal y convertirlo "en un asunto administrativo".

Por otra parte, el letrado ha impugnado, además, el escrito presentado por los abogados del Banco Santander en e que solicitan el archivo de las actuaciones y la declaración de incompetencia de Moreiras para instruir la causa.

Para el letrado existe una contradicción entre la petición de archivo y la cuestión de competencia, que no debe plantearse en un mismo escrito.