El citado tribunal ha dado la razón al empresario jerezano y ha ordenado al Estado español comenzar de nuevo el proceso ante los tribunales españoles, por "falta de equidad" y "por lentitud en el procedimiento" judicial llevado a cabo hasta ahora.

El Tribunal Constitcional, en la sentencia de 245/1991, de 16 de diciembre, negó que del Convenio Europeo de Derechos Humanos se derivara alguna obligación para que el Estado español hiciera efectivas en nuestro país sus sentenicas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A pesar de ello, el Defensor del Pueblo, Fernando Alvarez de Miranda, considera, según Ruiz Mateos, "que las sentencias eran obligatorias y vinculantes para nuestro Estado, cuando fuese el demandado".

El Defensor del Pueblo, dice Ruiz Mateos, "haadoptado una posición digna y honesta", por cuanto recuerda que los poderes públicos debían remover los obstáculos y establecer los cáuces procesales adecuados para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

"Confiemos en que no haya más dilaciones y que la ministra de Justicia y el Gobierno remuevan estos obstáculos que impiden que, después de 14 años, se pueda celebrar un juicio digno. Aunque las últimas noticias que tengo es que los fiscales no quieren interveni", señaló Ruiz Mateos.

Para el empresario, el Defensor del Pueblo ha señalado al actual Gobierno las modificaciones que debería introducir para hacer efectivas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "diferenciando aquellos supuestos -dice la recomendación del Defensor del Pueblo a la ministra de Justicia- en los que la violación del derecho se produjo ante órganos de la jurisdicción ordinaria, de aquellos otros casos en los que la vulneración del derecho fundamental se produjo por elpropio Tribunal Constitucional".

Ruiz Mateos ha señalado a Servimedia que si se prolonga su situación de procesado sin juicio, recurrirá al Tribunal Internacional de Derechos Humanos.