En el recurso, los fiscales alegan, en contra del criterio del juez, que a Rubio, a pesarde no ser entonces funcionario, le debe corresponder la misma pena que le pueda ser impuesta al ex síndico Manuel de la Concha, que sí lo era, por el delito de falsedad, ya que, a su juicio, el ex gobernador del Banco de España, a pesar de actuar como un particular, fue cooperador necesario para la comisión de ese delito por parte de un funcionario.

Argumentan además que no ha desaparecido tampoco la alarma social provocada por estos hechos, por lo que consideran que Rubio debe permanecer en prisión, l igual que De la Concha.

Por otra parte, las fuentes consultadas dijeron que el juez del caso no dispone de la documentación que acredite que Rubio incurrió en 1988 en un fraude fiscal por importe de 13 millones de pesetas, como desveló ayer el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes.

Agregaron que a pesar de ello, el magistrado no tiene previsto reclamar al ministerio la información sobre ese supuesto delito, dado que debe ser este departamento quien se la deberá remitir si ha hallado indcios de conducta delictiva.

Los fiscales del caso, por su parte, tampoco disponen de esa documentación, sino tan sólo del informe pericial realizado a instancias suya que descubrió el supuesto fraude fiscal de 7 millones de pesetas cometido también ese año por Rubio en el que se basa la acusación contra el ex gobernador del Banco de España. Tampoco van a reclamarla dado que ya carecen de competencias para ello, al estar el caso en manos del juez.