Según una nota difundida esta tarde por el banco emisor, Mariano Rubio ha encargado al equipo de abogados dirigido por Juan Vives-Rodríguez de Hinojosa que se haga cargo de sus intereses personales, "incluido, como es lógico, el ejercicio de cuantas acciones judiciales estime petinentes".

Además, los portavoces de la máxima autoridad monetaria señalan que Mariano Rubio "ratifica en todos sus términos la declaración efectuada hace unos días ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados".

A su vez, asegura que "jamás ha mantenido con ninguna persona, incluyendo aquellas que puedan ser mencionadas en relación con el asunto Ibercorp, ninguna relación que no fuera de caracter estrictamente amistoso, social o familiar en su caso", tanto en los siete años en ls que ocupó el cargo de subgobernador del Banco de España, como en los siete posteriores en los que ha estado al frente de la institución.

Con estas manifestaciones, Rubio intenta responder a las acusaciones de supuesta falta de honestidad profesional que, en los últimos días, se están produciendo en diferentes medios de información y por parte de algunos portavoces parlamentarios, al relacionarse con un presunto uso ilegal de información privilegiada.

Concretamente, la diputada del grupo popularen el Congreso Luisa Fernada Rudi afirmó, durante el pleno del pasado martes, en el que su partido pidió la apertura de una investigación parlamentaria para aclarar las posibles responsabilidades de Mariano Rubio en el "caso Ibercorp", que al votar en contra el PSOE "encubre un entramado de intereses personales".

Por su parte, las informaciones aparecidas en el diario "El Mundo", en las que se vincula a un primo de Rubio con los responsables del Banco Ibercorp han acelerado la decisión de poner la defnsa del Gobernador en manos de abogados, según fuentes del Banco de España consultadas por Servimedia.

Los copresidentes del Banco Ibercorp, Manuel de la Concha y Jaime Soto, presentaron ayer una solicitud de suspensión de pagos ante el juzgado número 59 de Madrid, sobre la que su titular no había tomado una decisión a primera hora de esta tarde, según pudo saber esta agencia.

En el supuesto de que el juez se pronuncie a favor de la suspensión de pagos, Ibercorp quedaría controlado por tres interentores, de los que uno sería designado por los acreedores de la entidad y los otros dos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Estas tres personas pasarían a ser los responsables del banco hasta que se decida su futuro, y tendrían, como función principal, el abono de fondos a los titulares de depósitos hasta un máximo de 1.500.000 pesetas por persona. Solo si la entidad se declarase en situación de bancarrota ingresaría directamente en el FGD.