Para Paredes, debería aprovecharsela Ley de Autonomía del Banco de España, actualmente en tramitación en el Senado, para dar fuerza legal a la iniciativa.

Por lo general, la práctica consiste en que el gobernador realiza una declaración jurada sobre su patrimonio. A partir de ahí, es el Parlamento quien determina el intermediario financiero que gestionará ese patrimonio durante el mandato de su titular, sin que éste pueda intervenir en las decisiones de inversión.