Para determinar si ha sido excesivo el encarcelamiento, indicó Rodríguez Arribas, habría que analizar las actuaciones realizadas. A su juicio, el caso "tiene relevancia or la singularidad del proceso utilizado", al ser el fiscal jefe de Madrid quien ordenó la detención de Rubio y De la Concha.

Sin embargo, criticó al fiscal general del Estado, Eligio Hernández, por "quejarse de que las competencias investigadoras eran escasas, considerando que debían ser más amplias". Para Rodríguez Arribas, aumentar las competencias de la Fiscalía en detrimento de las facultades del juez de instrucción no daría buen resultado.

En su opinión, el juez de instrucción mantiene "el rincipio de imparcialidad y el de independencia con respecto a los otros poderes del Estado, mientras que los fiscales dependen del Gobierno. Son una garantía para los ciudadanos".

Alabó la actitud de la Fiscalía en el caso de Rubio y De la Concha, ya que "no han hecho más que instruir (...) El eje mejor de la investigación es, y debe ser, el juez de instrucción".