Rubalcaba hizo esta afirmación en la Comisión de Interior de la Cámara Baja, a la que acudió para explicar los datos de criminalidad de 2007 y el conflicto abierto con los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles.

A este respecto, el ministro sostuvo que la Ley de Derechos y Deberes de la Guardia Civil, de finales de 2007, establecía limitaciones para que los guardias civiles se manifiesten, debido al carácter militar que mantiene este cuerpo.

En este sentido, el ministro sostuvo que la marcha del 18 de octubre era una convocatoria sindical "en estado puro", por lo que no podían acudir a la misma los miembros de la Benemérita. Por este motivo, afirmó que "el Gobierno tiene obligación de aplicar la ley en todos los sentidos y lo vamos a hacer con la prudencia y la mesura que nos caracteriza".

"MECANISMOS DISCIPLINARIOS"

Añadió que "si una asociación no cumple la ley, el Ministerio y el Gobierno la tienen que aplicar". No obstante, destacó que es a los responsables de la Guardia Civil a los que corresponde tomar las decisiones a través de sus "mecanismos disciplinarios".

No obstante, Rubalcaba sugirió que la medida que se tomará no será abrir cientos de expedientes a los guardias civiles que acudieron a título particular a la marcha del 18 de octubre.

El ministro señaló, refiriéndose al portavoz del PP, que "no haré eso que el señor (Ignacio) Cosidó me proponía: identificar a los 3.000 que se manifestaron con uniforme y abrir 3.000 expedientes, no me he vuelto loco, ni yo ni nadie".

Sobre el fondo de la cuestión, el ministro aseguró que su Departamento no puede prometer la equiparación salarial de policías y guardias civiles con los agentes autonómicos, puesto que la referencia de las Fuerzas de Seguridad nacionales deben ser los funcionarios del Estado.

Además, indicó que la homologación con los agentes autonómicos no tendría "fin", ya que las comunidades podrían volver a subir el sueldo a sus agentes.

Asimismo, el ministro apuntó que desde 2004 se ha producido un incremento importante de las retribuciones de los policías nacionales y guardias civiles. Destacó, en concreto, que se están aplicando dos acuerdos retributivos, uno de los cuales, firmado en 2005 con los sindicatos policiales, prevé aumentar un 10,52 por ciento el sueldo de los agentes hasta 2008, lo que supone destinar a este propósito 400 millones de euros.

"DIÁLOGO CONSTRUCTIVO"

Al mismo tiempo, Rubalcaba destacó que de 2004 a 2009 el sueldo de un policía nacional de base habrá aumentado en un 35,1 por ciento, mientras que el de un oficial habrá aumentado un 34,9 por ciento y el de un comisario un 26,9 por ciento.

Además, el ministro ofreció a los sindicatos policiales un "diálogo constructivo", al tiempo que afirmó que "no nos va a costar nada sentarnos a la mesa, porque nunca nos hemos levantado.

Por su parte, el portavoz del PP, Ignacio Cosidó, atribuyó las protestas de policías y guardias civiles al "doble discurso" del PSOE, que prometió la homologación salarial con los agentes autonómicos cuando estaba en la oposición.

Además, Cosidó sostuvo que el "mando único" de las Fuerzas de Seguridad, Francisco Javier Velásquez, debería dimitir si no se lleva a efecto la circular que difundió antes de la manifestación del 18 de octubre, en la que aseguraba que sería sancionable que los guardias civiles participasen a título particular en esta marcha.

Por su parte, Rosa Díez, de UPyD, sostuvo que los miembros de las Fuerzas de Seguridad estatales están "mal pagados y mal tratados", aunque sus salarios se hayan mejorado. A su vez, Gaspar Llamazares, de IU, se mostró contrario a que se sancione a los guardias civiles que se manifestaron, línea en la que también se pronunciaron PNV y CiU.