Ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, el ministro avaló la tesis de que la pista se desalojó cuando se debió hacer, porque haberlo hecho antes hubiera provocado perjuicios mayores.

Sentenció, nada más comenzar, que la actuación de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y del delegado del Gobierno fue "prudente, oportuna y proporcionada. En definitiva, correcta".

El objetivo, dijo, era recuperar cuanto antes la normalidad del aeropuerto, siempre garantizando la seguridad de las personas y los bienes.

Había que tener en cuenta, añadió, que el origen de la ocupación del aeropuerto era una "huelga ilegal" que sólo terminaría cuando los trabajadores regresaran a sus puestos. Es decir, que el desalojo de las pistas era necesario "pero no suficiente" para recuperar la normalidad.

Dada la peligrosidad de la zona ocupada por los trabajadores, explicó el ministro, había que evitar un desalojo que provocara "una batalla campal de consecuencias difíciles de predecir".

Había que evitar también que los trabajadores se refugiaran en el aeropuerto y que hubieran podido ser agredidos por los viajeros, "también con consecuencias difíciles de estimar".

Todo ello llevó a decidir que el desalojo de las pistas debía acometerse cuando los ánimos se calmaran, y no con 400 personas "airadas y excitadas".

Cuando el número de trabajadores descendió y sus ánimos se calmaron, dijo el ministro, los riesgos eran "mínimos" y, de hecho, se desalojaron las pistas sin apenas incidentes.

Pérez Rubalcaba aseguró que se podía haber intervenido antes porque había efectivos suficientes para ello, 243 guardias civiles y 132 policías nacionales, "pero las consecuencias podrían haber sido nefastas" para la normalización del aeropuerto.

"Habríamos tenido la pista limpia y casi con seguridad el aeropuerto parado unos cuantos días", sentenció, por lo que avaló en nombre del Gobierno la actuación de aquel día.