El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, explicó hoy que se han dictado órdenes de registro de siete sedes sociales de empresas de De la Rosa, de las cuales 6 están en Barcelona, siendo una de ellas su domicilio particular, y la otra es de Madrid.

Según Jiménez Villarejo, la actuaciones de la fiscalía tienen su origen en la presentación de quejas por parte de cien accionistas de Grand Tibidabo, una demanda formulada por otros 45 accinistas presentada por el abogado Javier Nart y otra de posible criminalidad presentada por Carlos Odena.

Jiménez Villarejo, que negó que haya habido dilación en la orden de detención de De la Rosa, indicó que se calcula que los perjuicios causados por el financiero podrían ascender a unos 7.000 millones de pesetas. El juez ha dictado también medidas para asegurar que De la Rosa pueda hacer frente a las posibles responsabilidades por esas pérdidas.

El fiscal jefe indicó que, por el momento, no hayacusaciones contra De la Rosa. "Hay una relación de hechos y una primera y provisional valoración penal de estos hechos que son los que justifican que se acuda al juez de instrucción y se interese la prisión y las diligencias que se están practicando", explicó.

"Son, indiciariamente hablando y con todas las cautelas necesarias, puesto que la instrucción no ha hecho más que comenzar, delitos diversos de estafas, apropiaciones indebidas y falsedades en documentos mercantiles", señaló Jiménez Villarejo. A la pregunta de si estamos ante un posible gran escándalo económico, Jiménez Villarejo señaló que "para mí es un proceso penal, no un escándalo, con el afán de investigar la verdad de lo que ha ocurrido para satisfacer a los accionistas que han sido perjudicados y el interés que la sociedad tiene y debe tener en que hechos de esta naturaleza se esclarezcan definitivamente y cada uno responda de los hechos de los que se le acusa ante los tribunales".

"A mí lo que me interesa no es la dimensión de scándalo, sino la de que el proceso se haga con toda corrección y eficacia, y, al ser posible, con la máxima celeridad", concluyó el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.