El consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat, Macià Alavedra, afirmó que volvería a votar a favor de ese aval y a concederlo, porque insistió en que De la Rosa no desvió hacia otros fines esos 1.000 millones y que, finalmente, se invirtieron en las obras de ibigardens. Añadió que no tiene intención de dimitir por este caso.

Las principales acusaciones contra el Gobierno de Convergencia i Unió (CiU) tras la comparecencia de Alavedra en la comisión de economía del Parlamento catalán provinieron del presidente del grupo de Iniciativa per Catalunya (IC), Joan Saura, que volvió a pedir su dimisión, solicitada también por el resto de grupos tras la detención de De la Rosa.

El diputado del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) Martí Carnicer comentó qe el caso del financiero es "un problema de confianza democrática" y que la Generalitat había perdido credibilidad ante los ciudadanos al expresar públicamente su confianza en el empresario, a pesar de saber que estaba implicado en numerosos escándalos financieros.

Alavedra no quiso responder a la pregunta de Carnicer sobre si mantenía para De la Rosa la calificación de "empresario modélico" que formuló Pujol y defendió la entrada del financiero en el proyecto del parque temático cuando se retiró la epresa norteamericana Anheuser Busch porque "su grupo era el único en Cataluña y fuera de Cataluña que le podía sustituir".

Los grupos parlamentarios también recriminaron al consejero de Economía que no hubiera sancionado a Caixa de Tarragona por haber ocultado a la auditora Arthur Andersen que los 1.000 millones que De la Rosa depositó en una cuenta de la entidad estaban afectados por una posible compra de pagarés de Grand Tibidabo.

Alavedra contestó que no había tenido conocimiento del bloqueo dl dinero hasta el 22 de junio de este año, cuando se lo comunicó el director de la entidad bancaria.

El consejero de Economía afirmó que la Generalitat no tiene intención de personarse como acusación en el proceso judicial contra Javier de la Rosa y añadió que ya había remitido al fiscal jefe de Cataluña los informes de la Intervención General de la Generalitat.