La fiscalía considera que este extremo "ha quedado acreditado de modo rotundo por el reconocimiento explícito y reiterado de los sres. Prado y De la Rosa", quienes en sus declaraciones ante el fiscal José Aparicio, instructor de la investigación, afirmaron que el Rey estaba al margen de sus negocios.

El fiscal genral del Estado, Carlos Granados, celebró hoy una reunión con la Junta de Fiscales de Sala, que se prolongó por espacio de unas tres horas, para estudiar las diligencias abiertas por este motivo, y durante la misma acordó, con el criterio unánime de todos los miembros de ese órgano consultivo, cesar la investigación, al existir dos procedimientos judiciales por los mismos hechos en los juzgados centrales de instrucción número 1 y 3 de la Audiencia Nacional, según una nota hecha pública por la fiscalía.

Asimismo, decidió remitir al Decanato de la Audiencia Nacional, para que lo incorpore al juzgado que corresponda, todo lo actuado por la fiscalía sobre las supuestas amenazas al Rey por parte de De la Rosa, que, según agrega, "constituyen las diligencias esenciales de esta investigación y que han sido cuidadosamente examinadas por la junta".

También establece que el ministerio fiscal promueva las actuaciones pertinentes en los procedimientos judiciales ya incoados, especialmente en las diligencias queinstruye el juez Miguel Moreiras por la querella de KIO contra De la Rosa, "para esclarecer el entramado económico y financiero" entre éste y Prado, "por si existiese alguna conducta que pudiera ser constitutiva de delito".

CARTAS

Respecto a las cartas entregadas supuestamente por De la Rosa a KIO con el membrete de la Casa Real y la firma falsificada de Prado, para justificar el pago de 12.000 millones de pesetas al diplomático como compensación a un 'lobby' político, la fiscalía señala que "tienentoda la apariencia de falsas", por lo que decide remitirlas al juzgado de Moreiras para que investigue la comisión de un posible delito de falsedad, dado que, a su juicio, guardan conexidad con el sumario sobre KIO.

Finalmente, precisa en el comunicado que el ministerio fiscal "estará, en cuanto a las supuestas amenazas contra el jefe del Estado, al resultado del procedimiento judicial".

La Fiscalía General del Estado abrió las diligencias de información el pasado 10 de noviembre, tras la publicaión en "Diario 16" de un reportaje de los periodistas Isabel Durán y José Díaz Herrera sobre los intentos de chantaje al Rey por parte de De la Rosa y del ex presidente de Banesto Mario Conde.

Esa misma mañana, el Gobierno, a través del ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, interesó al fiscal general a que ejercitase las acciones procedentes por estos hechos y por el pago que De la Rosa afirmó haber hecho a Prado de 12.000 millones de pesetas, que justificó, supuestamente, con las menionadas cartas falsas.

Como consecuencia de esta investigación, el fiscal encargado de la misma tomó declaración el pasado 13 de noviembre a los periodistas que desvelaron el escándalo, quienes se ratificaron en sus informaciones y reiteraron que De la Rosa intentó chantajear al Rey como consecuencia de sus relaciones con Prado.

Posteriormente, Prado compareció ante el instructor el pasado día 14 y durante su declaración negó la existencia de un chantaje por parte del financiero catalán. Además, ntregó a Aparicio dos cartas supuestamente falsificadas por De la Rosa y reconoció haber cobrado de éste los 12.000 millones, aunque dijo que no procedían de KIO, sino de sus relaciones comerciales con el financiero.

Finalmente, Aparicio tomó declaración el pasado 24 a De la Rosa y éste, al igual que Prado, también negó el supuesto chantaje a la Corona y rechazó que el monarca estuviera relacionado con las operaciones que mantuvo con Prado y el Grupo KIO.

Durante la investigación, el fiscal no cosideró necesario tomar declaración a Conde, también relacionado en la operación por los periodistas, quien tras conocer los hechos interpuso una querella contra éstos.

DENUNCIAS

Paralelamente a la investigación de la fiscalía, la Audiencia Nacional recibió dos denuncias por estos hechos, una de las cuales, presentada por José María Ruiz-Mateos, recayó en el juzgado de Moreiras, mientras que la otra, interpuesta unos días antes que la anterior por el abogado Javier Sainz Moreno, está siendo tramitadapor el magistrado Carlos Bueren.

La denuncia de Ruiz-Mateos va dirigida contra Prado, De la Rosa, su abogado Juan José Folchi y contra el ex director del CESID Emilio Alonso Manglano, éstos dos últimos por haber tenido conocimiento de la operación y no haberla denunciado.

La del abogado Sainz Moreno se refiere a las presuntas injurias al Rey por parte del financiero catalán y por los delitos de apropiación indebida.

Ahora corresponderá al Decanato de la Audiencia Nacional decidir a cuál de eos dos juzgados remite las diligencias de la fiscalía, aunque en principio éstas podrían recaer en el juez Bueren, dado que decidió incoar diligencias indeterminadas por estos hechos con anterioridad a Moreiras.

En este supuesto, el juez Moreiras, a quien correspondió por reparto la denuncia de Ruiz-Mateos, también debería enviar las diligencias incoadas como consecuencia del escrito del empresario jerezano al juzgado central de instrucción número 1, cuyo titular es Bueren.