El juez Bueren tramita desde el pasado mes de noviembre una denuncia interpuesta el 17 de ese mes por el abogado Javier Sáinz Moreno contra De la Rosa por los presuntos delitos de injurias al Rey y apropiación indebida.

Posteriormente, el juez Miguel Moreiras le remitió para su acumulación a la causa, la querella presentada tres días después a la denuncia de Sáinz Moreno por el empresario José María Ruiz Mateos también por un presunto delito de amenazas e injurias elRey y por tráfico de influencias por parte de De la Rosa. Esta querella tambíen va dirigida contra Manuel Prado y Colón de Carvajal, Juan José Folchi y contra el director del CESID Emilio Alonso Manglano.

Dichas fuentes explicaron que el fiscal del caso hace esta consideración en un informe que remitió al juez Bueren después de que éste le consultase sobre la admisión en las actuaciones de la personación del empresario José María Ruiz Mateos.

En su dictamen, el representante del ministerio públic rechaza dicha personación por considerar que no existe el presunto delito de injurias al Rey, por lo que pide el archivo de las actuaciones.

Además, respecto al presunto delito de apropiación indebida, basado en el pago de 12.000 millones de pesetas que De la Rosa hizo a Prado y Colón de Carvajal, precisa que estos hechos ya están siendo investigados por el juez Moreiras, a quien la Fiscalía General del Estado remitió las diligencias que abrió sobre este extremo por considerar que dicho pago y las catas falsas entregadas supuestamente por el financiero catalán para justificarlo guardan conexidad con el sumario sobre KIO.

Por ello, el fiscal estima que al no existir injurias, la causa debe ser archivada, correspondiendo a la justicia ordinaria investigar, en su caso, el presunto delito de tráfico de influencias denunciado por Ruiz-Mateos, dado que ya no sería competencia de la Audiencia Nacional.

Ambas denuncias fueron presentadas después de la publicación el pasado 10 de noviembre por "Diari 16" de unas informaciones de los periodistas José Díaz Herrera e Isabel Durán, según las cuales Javier de la Rosa y el ex banquero Mario Conde estaban intentado chantajear al Rey.

Estas revelaciones motivaron la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, ante la que prestaron declaración De la Rosa y Prado y Colón de Carvajal, los cuales negaron cualquier intento de chantaje a la Corona.

La investigación de la fiscalía concluyó que el Rey era absolutamente ajeno alas relaciones económicas entre los empresarios y a las transferencias de dinero que se produjeron entre ambos.