"Hace poco", insistió el ministro, "dije que no se van a parar ante nada y ciertaente es así, pero perderán. De eso pueden estar seguros los ciudadanos".

Belloch aseguró que el abogado de Mario Conde, Jesús Santaella, no llevó a las entrevistas que mantuvo con distintos miembros del Gobierno "documento de clase alguna" que pudieran relacionar a la Corona con las revelaciones aparecidas la pasada semana en la prensa sobre un intento de chantaje al Rey.

Recomendó además "tener claras dos cosas" al hablar de asuntos que afecten al monarca: "que la función constitucional de la Coona es clara y precisa y todos, clase política y medios de comunicación, deben tratarla conforme a ese dato, y que la propia honorabilidad de las personas que se relacionan con la Corona, como cualquier ciudadano, pero en este caso con particular intensidad, debe ser respetada y nunca utilizada".

El responsable de Justicia de Interior no quiso dar su opinión sobre la implicación de Manuel Prado y Colón de Carvajal en la presunta recepción de dinero entregado por Javier de la Rosa y afirmó que el Gobieno ha hecho lo que debía hacer: instar al fiscal general del Estado a que actúe, cosa que éste ha hecho "de una manera diligente".

"Ahora habrá que esperar a que él opine, que es a quién corresponde actuar. El tendrá que remitir a un tribunal el caso si hay indicios de delito o sobreseerá la diligencias. El tema está en buenas manos", sentenció Belloch.

Por otra parte, el ministo aseguró. en relación al descontento de los miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) por la restricción de su competencias en materia de contrabando, que "el Gobierno debe atenerse a sus propios acuerdos. El Consejo de Ministros acordó en su proyecto de ley de contrabando que el SVA no tendría el carácter de policía judicial".

Varios miembros del SVA han iniciado un encierro como protesta por el recorte de sus competencias, que atribuyen a presiones de la Guardia Civil para ampliar sus funciones en lo que a contrabando se refiere.

A este respecto, el ministro dijo que no se trata de una posición de la Scretaría de Estado de Interior, sino de una postura acordada por el Gobierno que está aún pendiente de aprobación en las Cortes.