La llamada denucia innominada de la agresión sexual es el tema de la mesa redonda que se celebró hoy en esa ciudad, organizada por el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) en colaboración con el Colegio de Abogados.

La jornada jurídica parte del informe que el IAM encargó al director de la Clínica Forense de Zaragoza, Juan Antonio Cobo, en el que se propone que la mujer víctima de una agresión sexual pueda formular la denuncia con arreglo a un formulario homologado y garantías judiciales similares a las de un testigoprotegido, de modo que al trauma de la agresión no se una el calvario del proceso sanitario, policial y judicial.

También se propone elaborar un guión de coordinación y actuación inmediata sanitaria, principalmente de los servicios de urgencias generales, psiquiatría, ginecología y enfermedades infecciosas, además de las correspondientes revisiones periódicas.

El estudio del doctor Cobo plantea que se normalice la recogida de datos sobre la violencia sexual mediante una codificación de los mismosde uso internacional, como son el ICD10 (OMS) o el DSM-IV (APA), de modo que se pueda crear un Banco Nacional de Datos que no incluya la identidad de la víctima y permita realizar estudios epidemiológicos.

En cuanto al procedimiento judicial, para conseguir un valor máximo de la prueba "es necesario un guión, norma o protocolo de recogida y remisión de muestras para su estudio", así como "diseñar kits de desechables necesarios para que la toma de muestras esté normalizada y asegure un mínimo de improvsación en cada caso". Asimismo, que estos procedimientos se implanten en todo el Estado coordinadamente.

Cuando los médicos adviertan que la mujer atendida se encuentra en una situación de desvalimiento deben comunicarlo oficialmente para que, en aplicación del artículo 191 del nuevo Código Penal, el Ministerio Fiscal ejerza la iniciativa.

El estudio del Instituto Aragonés de la Mujer sugiere también que se diseñen unos formularios de permisos que simplifiquen los trámites y la información a los acientes o allegados.

Estas conclusiones han sido comunicadas a la ministra de Justicia, la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre la Mujer y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.