En declaraciones a Servimedia, Romero considera que el proyecto de Ley de Secretos Oficiales equivale a una "ley de punto final".

En su opinión, el proyecto de Ley era "necesaio" y tiene una faceta de actualización en el tiempo ya que hasta ahora todo lo relativo a temas oficiales se venía rigiendo por una ley franquista.

No obstante, rechazó el objetivo del Gobierno de convertir los secretos oficiales en una "zona acotada y vetada para la Administración de Justicia y para la Magistratura. A juicio de Romero, "el poder judicial no puede tener una zona vedada a su acción porque es el que se encarga de velar por los crímenes que se cometan por un ciudadano o por una institucón".

"Esto es muy grave porque el Gobierno tenderá a autoprotegerse si alguno de sus aparatos comete un delito, como en este caso concreto con la 'guerra sucia' contra ETA".