Junto a ellos también están acusados Víctor Alvargonzález, responsable de explotación, y Luis Ruiz, responsable de producción ambos de la misma empresa, así como el director general de la última empresa propietaria de la explotación minera, Portman Golf, José Carvajal.

La acusación particular, ejercida por la organización ecologista Greenpeace, solicitó para todos ellos unas penas que van desde los tres años de prisión menor y multa de 1 millón de pesetas para Amor, Romeo Gorria y Carvajal a los seis meses y un día de arresto mayor para los otros dos encausados, además de la obligación de reparar los daños causados a la baha.

Por su parte el fiscal y la defensa solicitaron la absolución de todos los acusados.

Durante la vista oral celebrada ayer, todos los directivos coincidieron en sus declaraciones en reconocer que los vertidos de minerales a la bahía estaban autorizados mediante una concesión administrativa en 1959 y que la Dirección General de Minas conocía perfectamente la existencia de los citados vertidos.

El presidente de Greenpeace España, Xavier Pastor, que participa en el juicio en calidad de testig, dijo que "hasta marzo de 1990 no cesaron los vertidos". En esta última fecha el gobierno autónomo murciano decidió acabar con ellos.

Pastor manifestó que "los residuos mineros vertidos crearon graves problemas de toxicidad en los organismos vivos de una amplia zona marina y acabaron con la actividad pesquera de la zona, llegando a convertir lo que era un excelente puerto natural en un lodazal tóxico".

Asimismo Greenpeace considera que en el proceso de los vertidos a la Bahía de Portman existió na connivencia clarísima entre la administración primero franquista y luego democrática con las empresas mineras Peñarroya y Portman Golf.

El juicio, que se celebra debido a una denuncia que Greenpeace presentó hace seis años, se reanudará el próximo 2 de julio.