"No es consecuencia de una extradición formal con arreglo a lo previsto en la Constitución española. Por consiguiente, no tiene ningún efecto jurídico, en mi opinión, para los jueces españoles", dijo.

Por ello, la magistrada Ana María Ferrer, ncargada del `caso Roldán', puede juzgar a Roldán por todos los delitos que se le imputen, al no cumplirse en este caso lo estipulado en el artículo 96 de la Constitución.

Respecto a la extradición administrativa que Luis Roldán ha requerido, según el documento laosiano, Luis Ignacio Sánchez indicó que en España es "una figura jurídicamente inexistente", otra razón por la que tampoco tiene validez jurídica.

Agregó que lo que se contempla en nuestro país es la denominada extradición activa, cuyo pocedimiento formal, según Ley de Enjuiciamiento Criminal, exige que intervengan el poder judicial y el poder ejecutivo.